El Defensor Regional de la 2da. Circunscripción Judicial (Rosario) Dr. Gustavo Franceschetti, conjuntamente con el Defensor Público Adjunto  Dr. Hernán Soto y la representante de la Oficina de Asistencia al Defendido Víctima de Violencia Institucional Dra. Analía Abreu, interpusieron el jueves 16 de febrero, un recurso de habeas corpus preventivo en favor L.L. a los fines de que cesen de inmediato las continuas detenciones, persecuciones y amenazas que protagoniza en su perjuicio la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Los integrantes de la Defensa Pública manifestaron en el escrito de presentación del habeas corpus que L.L., de 33 años de edad, regresó a la ciudad de Rosario luego de haber residido por más de dos años en la ciudad de Córdoba y desde su llegada se instaló en la casa de su hermana ubicada en el barrio Godoy de Rosario.

Cuatro meses después recibió dos disparos de arma de fuego en su pierna izquierda durante un hecho de robo ocurrido en la intersección de las calles 27 de Febrero y Circunvalación. Debido a este incidente permaneció internado por más de un mes. Esta situación produjo la pérdida de su trabajo informal acarreándole graves problemas económicos, lo que hizo imposible la convivencia con su hermana, quien también posee escasos medios de subsistencia.

A partir del momento que L.L. abandonó la casa de su hermana  empezó a vivir en situación de calle. Así, comenzó a cuidar autos estacionados, pernoctando a la intemperie. Desde que L.L. se encuentra en situación de calle es perseguido, detenido, en ocasiones golpeado y está permanentemente amenazado por personal policial de la Provincia de Santa Fe dependiente de distintas Comisarías, principalmente de agentes de la Comisaría 3ra. de la ciudad de Rosario.

Según se desprende de las denuncias efectuadas por los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, L.L. fue detenido por primera vez en marzo de 2015. En aquella oportunidad la defensa recordó que el denunciante se encontraba sentado en la vereda de calle Brown y Alvear, lugar en el que habitualmente realiza su trabajo, cuando observó que dos motocicletas conducidas por policías se detuvieron ante él y, con violencia de por medio, le exigieron sus datos personales. Sin mediar diálogo sobre los motivos de sus preguntas, golpearon al joven en sus costillas. L.L. contestó las preguntas de los oficiales brindando sus datos, sin embargo los uniformados solicitaron por radio un móvil. Minutos después se constituyó un auto policial de la Comisaría 3ra. llevándoselo detenido. L.L. fue ingresado para averiguar sus antecedentes, en la seccional policial de calle Dorrego al 100 estuvo por más de diez horas. Durante la privación de su libertad los empleados policiales le impidieron acceder al baño, no le brindaron agua ni comida. Además se le tomaron muestras de sus huellas digitales y no se comunicó con él ningún profesional de la justicia.

Cabe destacar que en la denuncia figura que L.L., luego de aquel suceso fue detenido en cerca de 15 o 20 ocasiones -ignorando la víctima el número exacto de detenciones-. La mayoría de estas fue realizada por efectivos de la policía motorizada quienes sólo una vez lo acusaron de haber cometido un delito. En las restantes ocasiones los empleados policiales justificaron su detención en un pedido de averiguación de paradero o pedido de captura.

Otro de los hechos de hostigamiento por parte de efectivos policiales de la provincia se produjo en noviembre de 2016. Ese día, L.L., junto a un amigo, fue a visitar a su tía quien vive en el barrio Empalme Graneros. En la intersección de calles Génova y Gambeta, fue detenido por un móvil policial tipo camioneta perteneciente a la central de llamadas del 911. Los oficiales de policía comenzaron a requisarlos y, sin motivo, deciden derivar tanto a L.L. como a su amigo a la Comisaría 20ma.. Allí, permanecieron detenidos por más de siete horas con la excusa de que el denunciante poseía una orden de captura en su contra, proveniente de la localidad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba.

La última detención arbitraria se produjo en diciembre de 2016. L.L. se encontraba en la intersección de calles Maipú y San Juan cuando se le aproximaron  dos policías caminantes. Los efectivos le consultaron a la víctima a dónde se dirigía y le exigieron sus documentos. Cuando L.L. se los entregó, aclaró que en el sistema de consultas “le salta” una denuncia de desaparición y averiguación de paradero y que la misma se trata de un error. También les indicó que por aquel motivo permaneció detenido en varias ocasiones. De todas maneras, los policías detuvieron a L.L. derivándolo a la Comisaría 1ra. donde estuvo detenido por casi seis horas en una pequeña celda.

En la audiencia de habeas corpus del día viernes 17 de febrero, el Juez Penal del Colegio de Jueces de 1era. Instancia, Dr. Gonzalo López Quintana, dijo que “una averiguación de paradero no justificaba que una persona permaneciese privado de su libertad o detenido ya que no se trataba de una orden de captura”. Por ello, hizo lugar al habeas corpus preventivo interpuesto por la Defensa Pública y ordenó tanto a la Policía de la Provincia de Santa Fe como a Gendarmería Nacional “se abstengan de privar de la libertad a L.L. en relación a la presunta orden de paradero de la Fiscalía de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba”.