Servicio Público
El Servicio Público Provincial de Defensa Penal es una institución creada por Ley Provincial N° 13.014, con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera dentro del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, que brinda servicios gratuitos de defensa penal a toda persona acusada de haber cometido un delito, o que se encuentre cumpliendo una pena por haber cometido uno, que se niegue a designar un abogado particular de su confianza o no pueda contratarlo por carecer de recursos económicos suficientes, y promueve la vigencia efectiva de los Derechos Humanos para generar un entorno de plena vigencia del Estado de Derecho. La AUTONOMÍA FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA implica que ejercerá sus funciones sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura y actuará en coordinación con otros organismos gubernamentales y no gubernamentales involucrados en la defensa de los derechos individuales de las personas. Por ello, el Defensor Provincial:
- Fija las políticas institucionales e imparte las instrucciones generales necesarias para garantizar el cumplimiento de su misión y funciones;
- Ejerce la superintendencia de la institución con todas las potestades administrativas, reglamentarias, disciplinarias y de contralor;
- Propone al Poder Ejecutivo el nombramiento, remoción y ascensos de sus miembros;
- Dicta y pone en ejecución los reglamentos necesarios para la organización de las diversas dependencias, las condiciones para acceder a formar parte del mismo y, en general, cuanto sea menester para hacer operativo el servicio.
- El Defensor Provincial y los Defensores Regionales solamente pueden ser removidos de sus cargos mediante juicio político.
