El Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- realizó la presentación de dos habeas corpus colectivos y correctivos en favor de todos los internos que se encuentran alojados en Unidades Penitenciarias de la de la Provincia de Santa Fe.

Según surgió de diversas entrevistas y conversaciones mantenidas con operadores de justicia y personas representadas por esta Defensa Pública, se ha puesto de manifiesto que por resolución del Director del Servicio Penitenciario, Juan Martínez Saliba, se restringirá el ingreso de alimentos y efectos en las unidades de detención a partir del 24 de marzo próximo por razones de "seguridad y celeridad" en las requisas.

Con la presente reforma sólo se permitirá el ingreso de un bolso y/o paquete cuyo peso máximo será de 2kg por visitante mayor, generándose así una modificación gravosa en relación a como se instrumenta en la actualidad dicho ingreso.

De este modo, la Defensa Pública sostiene que las restricciones planteadas producirán un grave perjuicio a los internos, generando un agravamiento injustificado e indebido de las condiciones de detención para la gran mayoría de quienes integran la población de las Unidades Penitenciarias afectadas.

Además, el SPPDP reclamó a la máxima autoridad del Servicio Penitenciario provincial que disponga una urgente verificación de la situación planteada y que ordene a su personal a cargo que dejen sin efecto las medidas señalada.

Este agravamiento en las condiciones de detención generó una preocupación en toda la población carcelaria lo que motivó huelgas en las distintas Unidades Penitenciarias de la Zona Sur y la ya conocida huelga laboral en la Cárcel de Coronda.

Por ello, y en virtud de su rol institucional en el respeto irrestricto de los derechos de las personas que se encuentran sometidas a encierro en el ámbito provincial es que, la Defensoría Regionales de la 1º Judicial -Santa Fe-, a través de la Defensora Pública Virginia Balanda, interpuso un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de los internos alojados en la Unidad Penitenciaria de Coronda. Mientras que el Defensor Regional de Rosario, Gustavo Franceschetti y el Defensor Público Andrés Bassini, hicieron lo propio en beneficio de las personas sometidas a encierro en las cárceles de la Circunscripción Judicial 2º (Unidades Nº 3, 6, 11, 16 y Alcaidía Regional).