La Defensoría Regional de Santa Fe realizó 234 controles de detención en el último mes
Desde la Defensoría Regional de la 1° Cricunscripción Judicial N° 1 (Santa Fe), y en consonancia con los lineamientos institucionales planteados por la Defensora Provincial , Dra. Jaquelina Ana Balangione, se informa que los Defensores Públicos han realizado, un total de 234 Controles de Detención en el período comprendido entre el 26/04/17 y el 21/05/17 inclusive, lo cual demuestra un fuerte compromiso con la protección de los Derechos Humanos por parte del Cuerpo de Defensores de la citada circunscripción.
Esta tarea se desarrolla en cumplimiento de la Resolución N° 002/2017 de la Defensoría Regional de Santa Fe en concordancia con lo establecido en el artículo 121 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe y lo dispuesto en el apartado 3.2 de la Resolución 57/15 correspondiente a los Estándares de Defensa Técnica del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.
Dichos controles implican la presencia efectiva de los Defensores de guardia activa en las comisarias donde las personas se encuentren privadas de su libertad, hayan sido aprehendidas, detenidas o demoradas por el artículo 10 bis de la Ley 7395 (Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe). Puntualmente, implica la realización de entrevistas personales, con el objeto de informarles sus derechos, obtener información útil para la causa, determinar si fueron víctimas de violencia institucional, controlar las condiciones de detención, vincularlos en la medida de lo posible con sus familiares o allegados y, fundamentalmente, verificar el estado de salud y realizar los pedidos de atención médica en caso de resultar pertinente.
La presencia del Defensor Público en los lugares de detención resulta de medular importancia porque hacen efectiva la equiparación realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) de los Defensores Públicos como Defensores de Derechos Humanos, y asimismo, de la Resolución 2887/2016 de la Asamblea General de la OEA. Estas disposiciones reconocen a los Defensores Públicos como actores fundamentales en la prevención, denuncia y acompañamiento de víctimas de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes.