El Defensor Provincial, Dr. Gabriel Ganón, conjuntamente con el Defensor Regional de la Primera Circunscripción Judicial (Santa Fe), Dr. Sebastián Amadeo, realizaron una presentación ante el Colegio de Jueces de Segunda Instancia de Santa Fe, a los fines de ponerlos en conocimiento que la resolución del Juez Penal de Primera Instancia, Dr. Jorge Patrizi de diciembre de 2014 y la resolución del Tribunal de Alzada dictada en abril 2016, sobre hábeas corpus colectivo y correctivo interpuesto en favor de todas las personas privadas de libertad en las Unidades Penitenciarias de la Primera Circunscripción Judicial no fue notificada oportunamente y recién se ordenó la pertinente notificación al Ministerio de Seguridad y a la Provincia en la audiencia del día 11 de octubre pasado.

En efecto, el 3 de noviembre del año 2014 el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Santa Fe interpuso un habeas corpus correctivo y colectivo en favor de todas las personas privadas de su libertad en las cárceles de la Primera Circunscripción Judicial (Unidades Penitenciaria 1 -Las Flores- 2-Las Flores-, 4- Mujeres, y 9 -Colonia Penal de Recreo-) por agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de los reclusos.

El 29 de diciembre de ese año el Juez Penal de Primera Instancia, Dr. Jorge Patrizi, hizo lugar algunas pretensiones, omitió el tratamiento de otras (por ejemplo la referida a la alimentación) y rechazó otras más (por ejemplo en temas de trabajo y aplicación del Protocolo de Resguardo Físico de Personas en Especial Situación de Vulnerabilidad, entre otras), razón por la cual la Defensa Pública presentó una recurso de apelación parcial contra la misma. El 21 de abril del corriente año, el Colegio de Jueces de la Cámara de Apelación en lo Penal dictó resolución parcialmente favorable para los denunciantes y dispuso, entre otras cuestiones, ordenar que las actuaciones vuelvan al magistrado que decidió sobre el habeas corpus en Primera Instancia “a efectos de ejecutar la presente resolución y garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas” en los puntos del resolutorio.

Ganón y Amadeo también presentaron en mayo de este año un recurso de inconstitucionalidad local, por las cuestiones que fueron resueltas en modo adverso, el cual fue declarado parcialmente adminisible.

En agosto de este año, miembros del Ministerio Público de la Defensa realizaron nuevas inspecciones a las Unidades Penitenciarias de la Primera Circunscripción Judicial. Es por ello que la Defensa Pública presentó el 7 de septiembre del corriente año un escrito denunciando el incumplimiento de las resoluciones judiciales provenientes del Colegio de Jueces de Primera y Segunda Instancia, referidas a condiciones edilicias, situaciones de hacinamiento, falta de separación de condenados y no condenados, temas de alimentación, trabajo, requisa de familiares y visitantes, visita de familiares, educación, falta de provisión de ropa de cama y falta de atención médica, oportuna e integral.

Por otro lado, la Defensa refirió nuevos hechos nuevos como ser, emergencia educativa laboral y ocupacional como así también un creciente número de muertes en el Penal de la ciudad de Coronda, un uso abusivo del régimen de sanciones en la Unidad Penitenciaria N° 4 de Mujeres e incumplimiento del derecho de comunicación con el exterior.

A su vez, pusieron de relieve la ausencia de mecanismos preventivos para la detección, litigio, registro, prevención y sanción de la tortura, violentándose así la normativa y estándares internacionales y nacionales existentes.

Dado el incumplimiento de la manda judicial, la Defensa Pública solicitó poner en conocimiento de esta grave situación al “Área de Seguimiento de las condiciones de detención o cualquier otra forma de encierro” (creada en 2008 bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Provicina de Santa Fe) y a la “Comisión Bicameral de Seguimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

El 11 de octubre pasado fue realizada la audiencia, en la que el Defensor Regional de Santa Fe, Sebastián Amadeo, conjuntamente con la Subsecretaria del Registro de Torturas, Malos Tratos y Demás Afectaciones a los DDHH, Lic. Lorena Negro y el abogado contratado, Dr. Gastón Bossio, ambos del Ministerio Público de la Defensa, expusieron acerca de los temas antes referidos. Intervino como Juez, nuevamente el Dr. Jorge Patrizi, mientras que por el Ministerio Público de la Acusación compareció el Fiscal Dr. Estanislao Giavedoni. Por la parte demandada acudió el Secretario de Asuntos Penitenciarios, Dr. Pablo Cococcioni.

Durante la audiencia, surgió que las resoluciones judiciales previas a la nueva presentación de la Defensa Pública no fueron debidamente notificadas al Ministerio de Seguridad provincial, por lo que en ese instante fue ordenada la comunicación al organismo demandado.

Cabe destacar que la falta de notificación de las resoluciones judiciales a quienes deben cumplirla pone de manifiesto la falta de cumplimiento temporáneo en una presentación tan sensible como fue la del hábeas corpus presentado cuando el mismo debe ser tratado con celeridad y en un plazo razonable, atento a que están en juego, por un lado, la delicada situación de las personas privadas de su libertad y, por el otro, la responsabilidad internacional del Estado.

Es por lo expuesto que el Ministerio Público de la Defensa, a través del Defensor Provincial, Gabriel Ganón y el Defensor Regional de Santa Fe, Sebastián Amadeo, decidieron poner en conocimiento de tal situación al Colegio de Jueces de Segunda Instancia, integrado por los magistrados, Dres. Martha María Feijoo, Oscar José Burtnik y Roberto Oscar Reyes, sin perjuicio de que esta situación de strepitus fori (escándalo jurídico) fue puesta de manifiesto en la audiencia, debiendo haber tomado nota de ello el Sr. Fiscal interviniente a los efectos de investigar posibles ilícitos penales. (Para leer la comunicación al Colegio de Jueces de Segunda Instancia descargar el archivo adjunto)

Adjunto: Comunicación al Colegio de Jueces de Segunda Instancia. Rosario.docx