La Jueza Penal de Santa Fe, Dra. Susana Luna, hizo lugar al habeas corpus interpuesto el día domingo por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, en favor de las personas alojadas en las Unidades Penitenciarias y dependencias policiales.  

La denuncia fue presentada por la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione y el Defensor Regional de Santa Fe, Dr. Jorge Leandro Miró. El habeas corpus es una herramienta que poseen los individuos frente al Estado, y en este caso tiene como objetivo resguardar los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a privación de libertad. La presentación fue realizada luego de constatarse que las medidas y protocolos de seguridad orientados a la prevención de la pandemia COVID -19, no se estaban cumpliendo de modo efectivo.

Cabe destacar que la interposición del habeas corpus fue realizada en momentos previos a la emergencia de motines en las Unidades Penitenciarias de Coronda y Las Flores. El documento advertía la puesta en riesgo de la salud, no sólo de los internos sino también de la población general, incluyendo penitenciarios y personal administrativo, por incrementar los riesgos potenciales de contagio al no resguardarse las medidas mínimas de aislamiento, ni los cuidados de profilaxis que se recomiendan en el marco de la pandemia actual.

En la audiencia desarrollada esta mañana, los presentes, entre ellos los representantes del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, privilegiaron la necesidad de buscar mecanismos coordinados de acción para evitar una escalada de los problemas de salud y de seguridad, que fueron desencadenándose alrededor de las pretensiones que hoy se resolvieron.

Por su parte, la Defensora Provincial transmitió que la intranquilidad de los internos no resulta apartada de la situación general de la población, pero refleja las circunstancias específicas de riesgo que las personas privadas de libertad sufren por encontrarse impedidas de acceder a medios de resguardo de su propia indemnidad física -aislamiento social-, e impedidos de  adquirir o recibir de sus allegados los elementos de limpieza e higiene necesarios.

También señaló que la alimentación de los internos, por cuya deficiencia se ha reclamado mediante sendos recursos, resulta hoy una cuestión crítica frente a la imposibilidad material de los familiares de acercar elementos a los privados de libertad, y por cuanto la adecuada nutrición es una condición imprescindible para poseer un sistema inmunológico vigoroso frente a la pandemia.

A su turno, los representantes del Poder Ejecutivo, enumeraron sendas disposiciones brindadas en el contexto de pandemia. El área penitenciaria comunicó los protocolos establecidos para el personal del Servicio Penitenciario, que contempla tanto medidas de prevención de contagios e infecciones, como situaciones de tratamiento para eventuales infectados, que deberán derivarse a centros de mayor complejidad. También se hizo pública la ampliación de partidas presupuestarias prevista para hacer frente a necesidades de higiene y alimentación. Sin embargo, dichos instrumentos fueron considerados a contraluz con la información sobre lo que de hecho sucede según pudo relevar la defensa pública. Además, informaron que al día de la fecha no poseen casos de personas infectadas por el virus COVID -19.

El representante del Ministerio de Seguridad,  dio a conocer que a los Jefes Policiales se les transmitió mediante nota las recomendaciones de salubridad, y señaló que realizarán los esfuerzos posibles por amoldar las unidades policiales a dichas exigencias.

Luego de oír a las partes, y considerando los hechos nuevos, en particular de las revueltas que causaron muertes y heridos en los penales de Coronda y Las Flores, la Jueza dispuso hacer lugar al habeas corpus encomendando la efectiva entrega de materiales y de elementos de higiene y limpieza tres veces por semana a los internos de las Unidades Penitenciarias de la provincia. Al mismo tiempo ordenó reforzar las partidas de alimentos destinadas a las personas privadas de su libertad. Respecto a la salud de la población total, dispuso la toma de la temperatura corporal de los internos y del personal penitenciario. Por otro lado, dispuso pasar a un cuarto intermedio para que el Servicio Penitenciario brinde en el plazo de 24 horas información detallada sobre la identidad de las personas fallecidas o heridas, y evadidas si las hubiera; y en el plazo de diez días brinde informe detallado sobre los daños materiales en las unidades penales.