El 23 de mayo pasado, el Juez Penal del Colegio de Jueces de 1° Instancia, Dr. Benjamín Revori, hizo lugar a un habeas corpus preventivo interpuesto en favor de L.I. por el Defensor Regional de la 3° Circunscripción Judicial (Venado Tuerto), Dr. Mariano Mascioli, y la Jefa General de la Región, Dra. Silvia Gamba, ordenando el cese de de los actos de amenaza y hostigamiento sobre la libertad de la víctima por parte de las autoridades policiales.

Durante la audiencia, los integrantes de la Defensa Pública señalaron que la acción se interpuso dado que “peligraba la libertad ambulatoria por el continuo hostigamiento policial del que es víctima L.I.”.

De este modo, indicaron que desde febrero del año pasado hasta la fecha de presentación del habeas corpus, la víctima sufrió distintos episodios de violencia institucional, entre los cuales fueron contabilizados allanamientos a su domicilio sin orden de autoridad competente, sucesivas detenciones arbitrarias, golpes en la Comisaría 12° de Venado Tuerto, como así también en la vía pública, amenazas, entre otros. Además, relataron que en una ocasión un oficial de policía le efectuó disparos con su arma de fuego que no alcanzaron a impactarle en el cuerpo.

Por ello, Mascioli y Gamba expresaron que “resulta alarmante la animosidad persecutoria contra L.I. y el método ilegal de demora o retención para obtener algún relato incriminatorio contra él, o contra otras personas de modo abusivo por parte del personal policial”.

Además, señalaron que las maniobras han generado en la víctima un temor “muy fundado” de que le sean generadas “nuevas y falsas causas y/o situación de rebeldía”, que sean aprovechadas por los oficiales de policía para capturar a L.I. “en forma agresiva y violenta”.

Por ello, el Juez Révori, resolvió hace lugar al habeas corpus preventivo disponiendo hacer cesar los actos de amenaza y hostigamiento sobre la libertad de L.I. por parte de las autoridades policiales. Además, instó al Ministerio Público de la Acusación para que evalúe la eventual existencia de ilícitos o responsabilidades de tipo penal por parte de personal policial.