El Defensor Regional de la 2da. Circunscripción Judicial -Rosario-, Gustavo Franceschetti interpuso un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de todas las mujeres privadas de su libertad que se encuentran alojadas en la Alcaidía Regional de la ciudad de Rosario, con motivo del agravamiento en las condiciones de detención.

La denuncia se funda a partir de las irregularidades detectadas por la Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione, el equipo de la Subsecretaría del Registro de Torturas, Malos Tratos y demás afectaciones a los Derechos Humanos y los miembros de la Unidad de Ejecución de la Defensoría Regional de Rosario quienes durante los meses de febrero y marzo inspeccionaron en numerosas oportunidades la Alcaidía Regional, que actualmente funciona como centro de detención penitenciario de mujeres.

Además de los monitoreos efectuados desde la Defensoría Provincial y la Defensoría Regional, el SPPDP recibe las denuncias por parte de las internas y actúa en consecuencia, ya sea a través de presentaciones o bien gestionando desde otros ámbitos específicos.

Las anomalías detectadas en la Alcaidía Regional fueron oportunamente informadas al Secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Coccoccioni el 9 de febrero pasado . Sin embargo, la Defensa Pública no recibió respuesta favorable alguna que lleven a la solución integral de dichas irregularidades denunciadas.

En el día de hoy, se desarrolló la audiencia de habeas corpus colectivo y correctivo respectiva en donde el Defensor Regional de Rosario manifestó que durante las mencionadas inspecciones se detectaron como situaciones de agravamiento en las condiciones de detención cuestiones vinculadas con la alimentación; higiene; la atención médica; las condiciones edilicias; la recreación; y comunicación con el exterior.

Sobre alimentación, Franceschetti remarcó como problema  la comida que se le provee a los niños que se encuentran conviviendo con sus madres presas como así también el menú para las internas que tiene la unidad penitenciaria. Para ello solicitó que las madres puedan elaborar las comidas para los niños en el área de cocina, con alimentos provistos por el servicio penitenciario sin que se tenga en cuenta la conducta de las internas.

Respecto de la provisión de agua potable, el Defensor Regional indicó que en un informe expedido por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios -ENRESS- se detectó que el agua no era apta para su consumo por lo cual solicitó que le sean entregados a las internas suficientes bidones de agua potable.

Sobre la cuestión referida a la salud de las internas la Defensa Pública advirtió que dejaron de ser dados los servicios del Dispositivo de Adscripción para Personas Privadas de libertad -DAPPL- que depende de la Subsecretaría de Emergencia y Traslado del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. 

En cuanto a la atención médica y los traslados para turnos en efectores públicos, el SPPDP solicitó que se lleve un registro especifico para traslados a turnos en el exterior y registro de las atenciones médicas dentro de la unidad.

Además de ello hizo hincapié en los problemas edilicios, manifestando las quejas de las internas en cuanto a que las sillas y mesas de los módulos son fijas, lo que genera que en muchas ocasiones las visitas que reciben deban sentarse en el suelo del sector. Asimismo refirieron que a la hora de bañarse no cuentan con agua caliente.

Otro de los problemas planteados por las internas estuvo vinculado a la escasez del tiempo para acceder al patio del penal. Asimismo el SPPDP pretende que el servicio penitenciario garantice una mayor cantidad de talleres ya que estas actividades hacen tolerante la vida en el encierro y generan mayores posibilidades de resocialización.

Por último, el Defensor Regional remarcó que el establecimiento no tiene telefonía fija y que por pabellón las internas solo tienen media hora por la mañana y media hora por la tarde para comunicarse con el exterior.

Luego de escuchar a las partes, la Jueza Penal de 1era. Instancia, Silvia Castelli resolvió hacer lugar al habeas corpus colectivo y correctivo abriendo el recurso a prueba. Para ello dispuso abrir el tratamiento de las cuestiones introducidas en cuatro partes: por las cuestiones de infraestructura y mobiliario se realizará una inspección mañana a los fines de evaluar las condiciones en que se encuentran la Alcaidía Regional; respecto de la alimentación, atención médica y psicológica se realizará una audiencia el viernes 23 de marzo; y en relación a las temáticas de esparcimiento, talleres y trabajo se resolverá sobre la misma en las próximas 48 horas.

Por otro lado, ordenó al servicio penitenciario que provea la cantidad de 40 litros por módulo hasta tanto se resuelva el problema de la potabilización del agua. Asimismo requirió a la autoridad denunciada que habilite a que por pabellón salga una madre en horario correspondiente al sector cocina para cumplir con la cocción a los niños y/o niñas que habitan los sectores, con los alimentos provistos por el servicio penitenciario.