En el día de hoy, martes 29 de agosto, el Juez Penal de 1° Instancia, Juan Andrés Donolla, resolvió hacer lugar a un habeas corpus preventivo interpuesto por el Defensor Público, Gonzalo Armas, junto a la Oficina de Asistencia al detenido víctima de Violencia Institucional de la Defensoría Regional de Rosario, en favor de C.C. y F.N. quienes denunciaron permanente acosos y hostigamiento por parte de personal policial de la Provincia de Santa Fe.

El trámite de este recurso de habeas corpus fue dividido en tres audiencias. En la primera de ellas, que se desarrolló el 14 de agosto último la Defensa señaló que desde mediados del año 2016 hasta la fecha la pareja afectada padeció “innumerables situaciones de violencia, protagonizadas por efectivos de las fuerzas de seguridad”. En este sentido, detalló las sucesivas requisas sobre el vehículo de C.C. y F.N. que, según ellos, sufrieron durante el período señalado por parte personal del Comando Radioeléctrico (CRE).

El Defensor Público expresó que la pareja “teme por su seguridad y por la vida de su pequeña hija”, a sabiendas que estas intervenciones armadas podrían derivar en “consecuencias indeseadas”. Asimismo, indicó que ambos desconocían hasta ese momento los motivos concretos por los cuales personal policial realizó ese tipo de procedimientos en su contra, dado que en ningún momento les fue exhibida orden judicial que autorizara el despliegue de dichos operativos. Así, manifestó que este accionar de la fuerza policial significó “un uso arbitrario e ilegal de las facultades conferidas a empleados del Estado que lesiona los derechos fundamentales de las personas afectadas como asimismo los intereses generales de la comunidad”. En aquella audiencia, Donolla decidió llamar a un cuarto intermedio, abriendo el recurso a prueba para dar una resolución al caso.

El martes 22 de agosto, fue realizada una nueva audiencia. La Defensa Pública  realizó una serie de averiguaciones y evaluaciones sobre distintos llamados al 911. De este modo, logró evidenciarse que un mismo número realizó tres llamadas a la central policial, denunciando que tanto C.C. y F.N. se hallaban ante la posibilidad de la comisión de delitos. Esta cuestión motivó las requisas mencionadas anteriormente, aunque todas ellos arrojaron resultados negativos, según pudo ventilarse ese día.

Por ello, Armas pidió que se investigue si esos procedimientos eran producto de un accionar policial o de un particular. Al mismo tiempo solicitó que se le corra traslado Ministerio Público de la Acusación (MPA) previo a cualquier intrusión sobre la esfera individual a los fines de que pueda verificar y determinar si efectivamente corresponde una requisa, aprehensión, o detención o si es producto de una acción indebida del CRE o de algún particular.

Más allá del pedido del Defensor Público, Donolla decidió llamar a un cuarto intermedio hasta el día de hoy para resolver, dado que los representantes de la Unidad Regional II habían brindado en la audiencia sólo uno de los audios pertenecientes a las llamadas realizadas al 911. La decisión del Magistrado tuvo como fin organizar las distintas comunicaciones hechas a la central contra la pareja.

Por ello, en el día de hoy, luego de una serie de diligencias, la autoridad policial brindó un CD en el cual constaban 41 llamadas hechas al 911, contra F.N. y C.C., de las cuales 22 podrían estar vinculadas con los procedimientos cuestionados.

Armas reconoció que si bien pudo haberse generado "un cauce procesal que se tergiversó involuntariamente" por parte del personal policial, "lo cierto es que existe una restricción a los derechos ambulatorios de ambos, que si bien se realizan de forma fugaz los mismos son constantes".  Además, se puso de manifiesto que todas las requisas dieron resultado negativo, sin dársele la correcta notificación al MPA para que investigue los motivos de los llamados. 

Luego de escuchar a las partes, el Juez Penal resolvió hacer lugar al habeas corpus preventivo interpuesto por la Defensa Pública. Asimismo dispuso que el MPA profundice la investigación sobre los llamados registrados en el 911 a fin de establecer posibles conductas delictivas. Por último, requirió que cualquier llamado que en lo sucesivo se produzca contra los denunciantes de este habeas corpus, se le de intervención al MPA.