La Sra. Defensora Provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Dra. Jaquelina Ana Balangione y el Defensor Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. Jorge Leandro Miró, presentaron una denuncia de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en unidades penitenciarias muy distantes de sus familiares, por constituir un agravamiento ilegítimo en las formas y condiciones de detención.  

La situación actual desconoce la dignidad de toda persona privada de su libertad, impide cumplir con la finalidad resocializadora de la pena, resulta violatoria del principio de intrascendencia de la pena e importa una verdadera discriminación y un serio agravamiento de las condiciones de detención.

Ello encuentra sólido respaldo jurídico en las normas previstas tanto en Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, en la Constitución Nacional y en la Ley de Ejecución Penal, como así también en Recomendaciones de Organismos Internacionales y Reglas y Principios sobre personas privadas de su libertad. Además, se refrenda en disposiciones del decreto provincial 4127/16 sobre el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad.

El decreto reglamentario mencionado, que consagra el derecho al contacto familiar, refiere a supuestos en que el lugar de alojamiento no coincide con la residencia familiar, admitiendo la posibilidad de traslados. No obstante, de acuerdo a los relevamientos realizados por el SPPDP, se ha comprobado la falta de este tipo de medidas ya que la capacidad de las unidades penitenciarias se encuentran saturadas, por lo que resulta imposible realizar traslados.

Estas normas obligan al Estado e imponen al Servicio Público de Defensa tomar las medidas judiciales correspondientes para subsanar o corregir su violación. Cumpliendo esa manda, las autoridades del SPPDP solicitaron a la Justicia que habilite una instancia de diálogo con autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe y con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a efectos de arribar a una solución permanente al problema denunciado, previéndose además medidas transitorias que aseguren el vínculo familiar.

En definitiva, la experiencia diaria refleja el sacrificio y los recursos que los familiares deben destinar para afrontar los gastos de traslados y por ende, generar y/o sostener el vínculo ante la falta de contacto familiar, afectándose otras garantias como el interés superior del niño para el caso de hijas e hijos menores de edad y otras situaciones que hacen trascender la pena del imputado a terceras personas.