La Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, disertó en el día de ayer en la octava jornada del ciclo de conferencias “Del hacinamiento a la Reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal”, que organiza el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura -CNPT-. La actividad, que se desarrolló de forma remota, contó además con la participación del Juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional Dr. Mario Magariños; de la Ex Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Dra. Mirta López Gonzalez; y del Titular de FADELI.ARG, Lic. Gustavo Segovia; destacándose la presencia del Presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazabal y de los Comisionados, Rocío Alconada Alfonsín, Gustavo Palmieri, Diana Conti y Ricardo Nioi.

El ciclo de conferencias tiene como objetivo reflexionar, repensar y ayudar a establecer políticas públicas para encontrar una solución a los problemas de superpoblación y hacinamiento en los diferentes espacios de encierro. En jornadas anteriores, expusieron el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Raúl Zaffaroni; el Juez Federal en lo Criminal y Correccional, Dr. Daniel Rafecas; el Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales -INECIP-, Dr. Alberto Binder; el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y comisionado del CNPT, Dr. Mario Coriolano; el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Dr. Alejandro Alagia; entre otros reconocidos especialistas en la materia.

Durante su exposición, la Defensora Provincial explicó detalladamente las consecuencias que la superpoblación y el hacinamiento generan en las condiciones de detención de los internos, remarcando que en la Provincia de Santa Fe la situación es crítica, con problemas crónicos y estructurales que impiden la resocialización. En esa línea, dio cuenta de las políticas públicas que lleva adelante el Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- a través del control, inspección y monitoreo permanente de unidades penitenciarias, realización de gestiones interinstitucionales, creación de programas específicos, e interposición de habeas corpus, entre otras.

Asimismo, enumeró los relevamientos e investigaciones realizadas por la Defensa Pública para determinar cursos de acción. Destacó que de los mismos surge que en relación al nivel educativo de los internos, el 50% de los casos no finalizó siquiera la escuela primaria. Ello evidencia la particular vulnerabilidad de la población prisionizada, aún antes del ingreso a un centro de detención, que muchas veces es invisibilizada o distorsionada por la construcción de estereotipos sociales.

En otros pasajes de su alocución, se refirió a la política comunicacional del organismo que lidera y a su relación con los medios de comunicación.

Por otra parte, hizo hincapié en la falta de respuestas integrales por parte de los organismos públicos  vinculados a la cuestión penitenciaria, destacando la necesidad de que se destinen recursos humanos y materiales no solamente a la custodia de las personas sino también a programas para lograr su resocialización, entendida ésta como un derecho consagrado constitucionalmente que refleja el  interés de la sociedad en recibir nuevamente a las personas que transitaron el encierro pero, esta vez, como emergentes positivos.

Para finalizar, bregó por una menor prisionización la cual puede ser alcanzada mediante el otorgamiento de medidas alternativas, lo que armoniza con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional en nuestro país. Vale destacar que en la Provincia de Santa Fe el 48 por ciento de la población carcelaria no tiene condena, sino que muchas personas están sujetas a investigación judicial, bajo encierro, por tiempo irrazonable; y que entre un 15 y 20 por ciento, luego son declaradas inocentes. También, aprovechó la oportunidad para manifestar su preocupación y solidaridad en relación al fallecimiento de Cristina Vazquez, quien estuvo 11 años detenida por un crimen que no cometió.