El viernes último se desarrolló la continuación de la audiencia de habeas corpus correctivo y

colectivo en favor de los adolescentes alojados en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de

Rosario (IRAR) interpuesto por el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Santa Fe, a

través del Defensor Provincial, Dr. Gabriel Ganón y el encargado de la Secretaría de Prevención

contra la Violencia Institucional, Dr. Enrique Font conjuntamente con el Asesor de Menores N 3,

Dr. Daniel Papalardo.

Durante la audiencia desarrollada el día 23 de agosto de este año, el Juez Penal de 1era. Instancia,

Dr. Luis María Caterina había dispuesto que el Instituto Médico Forense realice controles

periódicos con acompañamiento del Ministerio Público de la Acusación en todos los sectores del

IRAR, sobre todo en el 5 y el 6, a los fines de controlar las condiciones de habitabilidad en función

de la salud de los internos, su régimen de comida, limpieza y suministro de agua.

En la jornada del viernes pasado, la Directora del Instituto Médico Forense, Dra. Alicia Cadierno

dio cuenta de aquella visita realizada al establecimiento, donde corroboró los hechos denunciados

por la Defensa Pública y el Asesor de Menores en el habeas corpus interpuesto oportunamente, en

cuanto a las condiciones de habitabilidad de los Sectores 5 y 6 del IRAR, en base a las

irregularidades constatadas respecto a la infraestructura del edificio, la alimentación de los

adolescentes, la situación de higiene, entre otros.

Por su parte, la Médica Psiquiátrica Infanto Juvenil del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe,

Dra. Marta Bianciotti, expresó durante la audiencia que “no es posible abordar la salud mental si no

nos comprometemos con respecto al lugar donde están alojados”, refiriéndose a los adolescentes

sometidos a condición de encierro. Del mismo modo aseveró que “el hábitat donde un adolescente

se encuentra, más alla de estar en conflicto con la ley penal, va a modificar la conducta y el

comportamiento humano”. A su vez propuso un abordaje interdisciplinario, reconociendo también

las problemáticas institucionales del IRAR.

Otra de las cuestiones alegadas por la Defensa Pública y por la Asesoría de Menores estaban

vinculadas con el efectivo acceso a la educación de los adolescentes privados de su libertad en el

establecimiento. Si bien la oferta en esta materia existe, la misma no es garantizada a toda la

población juvenil. La Directora Provincial de Educación Permamente de Jóvenes y Adultos, Noemí

Beatríz Stara, expuso esta situación en la audiencia reconociendo que los jóvenes asisten menos

horas producto de que hay grupos antagónicos dentro del mismo establecimiento que no pueden

relacionarse y compartir momentos entre sí dentro de un aula, lo cual genera que los adolescentes

no reciban la cantidad de horas de clases adecuadas.

Uno de los puntos claves exhibidos en este habeas corpus radica en el relato permanente y

sistemático sobre casos de torturas y malos tratos contra los adolescentes sometidos a encierro en el

IRAR. En este punto esencial, las inspecciones realizadas por la Defensa Pública arrojaron como

resultado que el instituto no cuenta con mecanismos ni protocolos adecuados para la prevención y

detección proactiva de hechos de malos tratos y tortura, su documentación y registro, la producción

y preservación de evidencia, de litigio y por ende, de sanción, como así tampoco tiene herramientas

adecuadas y efectivas para preservar a las víctimas del riesgo de represalias en caso de realizar

denuncias.

Luego de escuchar a las partes, el Juez Penal de 1era. Instancia, Luis María Caterina dispuso un

plazo de 30 días para tratar de lograr un acuerdo entre las partes en cuanto a: a) que se adecúen los

protocolos de actuación que tiene el IRAR para la detección y registro de las torturas y los malos

tratos a las normas y mecanismos internacionales; b) en base a la situación estructural de los

Sectores 5 y 6 dispuso que las partes lleguen a un acuerdo para el mejoramiento de las condiciones

de habitabilidad de dichas zonas; c) que el IRAR y el Ministerio de Educación realicen una

propuesta a los fines de garantizar que toda la población del instituto asistan a clase; y d) también

solicitó que sean generados mecanismos de control y tratamiento de salud mental en todos los

adolescentes. Si sobre alguno de los puntos no llegara a haber acuerdo, el mismo será resuelto por el

magistrado dentro del plazo establecido.