El pasado 13 de febrero tuvo lugar un hecho en el que O., acusado de haber cometido un robo, resultó baleado por la espalda por un Oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe en las inmediaciones de calles Mendoza y Maipú de la ciudad de Rosario.

Por un lado, a O. se le imputó un hecho delictivo contra la propiedad mientras estaba internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, ocasión en la que se abstuvo de declarar, con el patrocinio de la Defensa Pública. Por otro lado, la Fiscalía de Violencia Institucional del MPA de Rosario inició una investigación para determinar la responsabilidad penal del personal policial y en dicho proceso la Defensa Pública asumió la tarea de asesorar integralmente a quien tiene el simultáneo rol de defendido (por delito contra la propiedad) y víctima (por delito contra la vida o integridad corporal) en el marco de su conocida política activa en prevención de violencia institucional.

Es de máximo interés de la Defensa Pública participar de este tipo de investigaciones para controlar que el Estado cumpla con los deberes internacionalmente asumidos de debida diligencia, investigación pronta, eficiente y eficaz.

El jueves 15 de marzo a las 10 horas, O. iba a ser trasladado desde su lugar de detención para prestar declaración testimonial en dicha Fiscalía y la Defensa Pública había solicitado participar con el objetivo de informar y asesorar a su defendido respecto de las implicancias que sus dichos podían tener en la causa en la que cual estaba acusado de robo y de garantizar la legalidad y regularidad de la declaración testimonial, dado que en la legislación vigente en Santa Fe las víctimas tienen derechos en el proceso expresamente regulados.

Sin embargo, al concurrir a la Fiscalía el personal de la Defensoría Regional a las 09.50 hs, se informó que a la víctima de los disparos policiales se le había tomado declaración minutos antes y se había dispuesto nuevamente su traslado al lugar de detención, en una maniobra que ha desprotegido a la víctima, la ha privado de sus derechos de asesoramiento y representación y frustrado la intervención de la Defensa Pública en su rol protectivo en este tipo de procesos en los que se investigan episodios de violencia institucional.

La situación fue reprochada a la Fiscal Karina Bartocci por escrito del Defensor Regional y denunciada ante el Fiscal Regional Patricio Serjal ya que, adicionalmente, al día de la fecha la Defensoría aún no cuenta con una copia de la declaración de O. ni de la investigación, a pesar que sobre la misma no pesa secreto alguno. El hecho ha sido registrado como mala práctica judicial en el Registro Provincial de Casos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, Abuso policial, Malas Prácticas y otras afectaciones a Derechos Humanos creado por la Defensoría provincial mediante Resolución 5/12.