La Defensora Provincial informó a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados
La Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, mantuvo el día de hoy una reunión por videoconferencia con los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, para informarles acerca de la situación carcelaria en el territorio provincial, y de las acciones efectuadas por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- en este marco.
En esta oportunidad, mediante la utilización del programa de videoconferencias Zoom, establecieron contacto, la Defensora Provincial y los Diputados provinciales que componen la referida Comisión integrada por: Lionella Cattalini -Presidenta por el Frente Progresista Cívico y Social-; Claudia Balagué -Frente Progresista Cívico y Social-; Julián Galdeano -Unión Cívica Radical-; Georgina Orciani -Frente Progresista Cívico y Social- Frente Progresista Cívico y Social-; y Matilde Bruera -por el Bloque “Encuentro por Santa Fe”-.
Al inicio de la conversación, la titular del SPPDP explicó que el Servicio Penitenciario acarrea desde hace tiempo dificultades estructurales para asegurar condiciones dignas de encierro y sobre todo, para garantizar la resocialización de las personas privadas de su libertad. Tanto el hacinamiento como la superpoblación, que agravan las condiciones de detención y ponen en riesgo la integridad física de las personas, fueron denunciadas oportunamente por la Defensa Pública, cuestión que se agravó en el marco de la Pandemia mundial producto del virus COVID – 19.
En este sentido, señaló que a medida que se detectan vulneraciones de derechos se busca el camino más idóneo, siempre que se pueda, se soluciona por vía de presentaciones administrativas o gestiones institucionales. Cuando eso no sucede, se efectúan las acciones judiciales correspondientes. Gran parte de éstas se habían realizado con anterioridad a los trágicos sucesos ocurridos durante el primer fin de semana de cuarentena tras haberse evaluado que las falencias mencionadas podían favorecer la propagación del virus.
Destacó además, que si bien se logró un resultado favorable a partir del habeas corpus colectivo presentado en favor de los internos, el nivel de cumplimiento en el sistema carcelario fue bajo, sobre todo en lo que tiene que ver con medidas de seguridad e higiene. Integrantes del SPPDP, en el marco de sus visitas habituales, constataron que escaso personal penitenciario lleva guantes y barbijos, y que los internos no reciben lavandina todos los días, entre otras.
Por otro lado, brindó información sobre los hechos violentos ocurridos en las cárceles de Piñero, Las Flores y Coronda, como así también sobre la cantidad de personas afectadas. En relación a Piñero, relató que el 23 de marzo se produjo una revuelta en el Pabellón 14 de la Unidad Penitenciaria Nº 11 (Piñero) a raíz de la cual un celador y ocho internos resultaron heridos, éstos con postas de goma. En cuanto a Las Flores, el penal sufrió múltiples destrozos, entre ellos la enfermería y un pabellón debió ser desalojado. Producto de ello, se realizaron numerosos traslados de manera temporal a diferentes cárceles, a saber: Pérez, Santa Felicia, Coronda y la Alcaidía Regional de Rosario.
Asimismo, informó sobre el habeas corpus presentado para que el Servicio Penitenciario permita la utilización de celulares debidamente registrados por parte de los internos dada la suspensión de las visitas y ante la falta de vinculación con sus familiares y/o allegados. Y explicó la situación general de las 331 causas planteadas por la Defensa Pública en toda la provincia a raíz de la crisis sanitaria.
Además del control y monitoreo de los centros de detención, la Defensora Provincial dio cuenta de las acciones desplegadas por la Defensa para alertar y denunciar posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Para finalizar, la titular del SPPDP anticipó que estará presentando el Informe anual de gestión de la Defensa Pública, en cumplimiento de la obligación legal dispuesta por la ley 13.014.