La Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, disertó en el día de ayer en la jornada "Narcomenudeo: Nación o Provincia", donde presentó a la Legislatura provincial sólidos argumentos contra el proyecto de ley que pone en manos de la Provincia de Santa Fe la persecución, investigación y sanción penal de los delitos relativos al narcomenudeo.

El encuentro se desarrolló en el hall de la Legislatura Provincial, organizado por la Diputada Alicia Gutiérrez quien realizó la introducción al debate. Además de la titular del SPPDP, disertaron el Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Antonio Bonfatti; el Fiscal General, Dr. Jorge Baclini; el Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe -Zona Sur-, Dr. Gustavo Salvador; y el Director del Area de Políticas de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal, Dr. Mariano Fusero.

En primer lugar, la Defensora Provincial señaló que tanto ella como los Defensores Regionales de las cinco circunscripciones judiciales han debatido y compartido una posición adversa a la propuesta legislativa, manifestándose en igual sentido el Consejo del SPPDP, órgano asesor de la Defensa Pública.

La Defensora explicó que la transferencia de la competencia para investigar y juzgar los casos de narcomenudeo no aporta una solución a la sociedad. Luego, expresó su preocupación sobre las políticas públicas que tienen una mirada exclusivamente punitivista que escinde el conflicto y su complejidad, castigando en mayor modo al consumidor.

En base a ello, indicó que siete de cada diez causas judiciales iniciadas recaen sobre mulas o soldaditos, destacando que el 96% de las mujeres encarceladas por ese motivo transitan por primera vez un proceso penal.

Sobre esta cuestión, señaló que desde la Nación se tiene una mirada poco conveniente acerca del tema, y argumentó que debe correrse el velo del derecho penal ya que a través de la mirada punitivista ha crecido no sólo el consumo, sino también la violencia y la afectación de la paz social. Por ello, llamó a encarar la situación como un problema de salud pública.

Además, expuso que la experiencia de las provincias que se han adherido en general no ha presentado resultados positivos. Tampoco la Nación cumplió con lo prometido en cuanto al envío de recursos materiales y humanos, por lo que las provincias deben afrontar los gastos que la mencionada persecución demanda.

Otro de los puntos abordados estuvo vinculado con aspectos procesales. Así, manifestó que los conflictos de competencia entre justicia federal y provincial se darán en la mayoría de los casos, sobre todo por la proporción de droga que se incaute en operativos. Cada cuestión va a dar lugar a análisis y valoraciones normativas que no serán medidas con el mismo parametro, ni criterio.

Para finalizar, ofreció una mirada sobre la problemática carcelaria, indicando que la proporción de mujeres que convive en situación de encierro en la Provincia de Santa Fe se encuentra en franco crecimiento, y señalando que el 60% de las mismas está detenida por delitos vinculados con drogas. Realizó además una referencia con perspectiva de género a las situaciones por las cuales las mujeres incurren en este tipo de actividades, sus consecuencias, la forma diferente en que transitan el encierro respecto a los varones y finalizó con algunos interrogantes para la reflexión.