El viernes 3 de noviembre, el Juez Penal de 1° Instancia, Gustavo Pérez de Urrechu, hizo lugar a un habeas corpus colectivo y correctivo interpuesto por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- en favor de todas las personas privadas de su libertad en las unidades de detención de la 2º Circunscripción Judicial -Unidades Penitenciarias N° III, V, VI y XI- respecto a los temas vinculados con la salud y alimentación de los internos.

En las inspecciones realizadas en el año 2015 por todos los integrantes que forman parte de la Defensa Pública, se constató una inadecuada asistencia médica como así también déficit en la provisión de alimentos y mala calidad de los mismos. Durante estos dos años se desarrollaron reuniones periódicas a los fines de arribar a una solución integral entre el SPPDP, el  Colegio de Jueces, el Ministerio Público de la Acusación -MPA-, la Defensoría del Sistema Conclusional y la Secretaría de Asuntos Penitenciarios.

En la audiencia del día lunes 30 de octubre, la Defensora Pública de Rosario, Dra. Daniela Asinari, señaló que miembros del SPPDP realizaron nuevos monitoreos con el fin de actualizar la información recabada. La defensa pudo advertir que en todas las unidades penitenciarias se repiten los problemas con respecto a la atención médica desde la presentación inicial del habeas corpus en el año 2015. En este sentido, manifestó que existen demoras cuando se requiere asistencia médica y odontológica.

Sobre el mismo tema, la defensora indicó que las urgencias y/u internaciones son canalizadas mediante la atención en hospitales públicos. En relación a este punto, las dificultades se generan porque no existe una sala penitenciaria en hospitales de la zona. Vale destacar que, al día de la audiencia, había catorce personas internadas en hospitales públicos bajo custodia del servicio penitenciario. Ante ello, Asinari manifestó que se genera un dispendio de recursos que “de ningún modo redunda en un beneficio de la persona privada de su libertad”. Por ello, pidió este asunto se canalice a través de una mesa interinstitucional que debata la creación de una sala penitenciaria que reúna mejores equipamiento y condiciones, o bien en un hospital público u espacio que brinde dentro de las unidades penitenciarias el Ministerio de Seguridad.  

En cuanto al tratamiento sobre adicciones, Asinari manifestó que ninguna de las unidades penitenciarias cuenta con un dispositivo que atiende estas cuestiones. Y que, si bien en algunos casos los internos son tratados por el Dispositivo Interdisciplinario de Salud -DIS-, el personal de este sector resulta insuficiente para tratar adicciones. Del mismo modo, se refirió a la escasez en la planta de personal con que cuenta el Equipo de Acompañamiento para la Reintegración Social –EARS- indicando que estos equipos “hacen un trabajo importante en las unidades en cuanto atención y acompañamiento, que impiden que muchos problemas se profundicen”.

Para finalizar, la defensora adhirió al planteo realizado por el Fiscal del MPA, Dr. Rafael Coria, para que en todas las cárceles de la circunscripción se realice un examen médico físico general a todos los internos que se asiente en la historia clínica de cada uno de ellos.

Sobre la denunciada efectuada en el habeas corpus en cuanto a la alimentación de los internos, el SPPDP refirió que las personas privadas de su libertad han manifestado que el alimento brindado resultaba “incomible”, por lo que o bien lo utilizan como insumo para preparar una comida diferente o se desperdicia. Por ello, solicitó que se revean los menúes para que no se produzca tanto desperdicio de alimento. Al mismo tiempo, señaló las quejas en torno al sabor del agua; la falta de provisión de desayuno, merienda y fruta; y la cuota láctea necesaria para todos los internos; entre otros.  

Luego de cumplido el cuarto intermedio, el día viernes el Magistrado resolvió hacer lugar al habeas corpus interpuesto por el SPPDP.

Con respecto a la salud de los internos ordenó al Servicio Penitenciario garantizar el derecho a la salud y asistencia médica integral, incluyendo odontología, psiquiatría, psicología, ginecología. Asimismo pidió que se arbitren los medios a fin que la asistencia, derivación y atención se dé en un tiempo prudencial desde que lo solicita el interno. También, ordenó que sea realizado un examen médico integral a los fines de evaluar la salud general de todos los presos.

El mismo resolutorio reclamó que el Poder Ejecutivo, arbitre un protocolo de actuación respecto de las derivaciones y consultas en los efectores públicos, a fin de prestar de la adecuada atención médica de los internos. Además requirió que se elabore un protocolo de actuación, control interno, capacitación y seguimiento que coordine la asistencia de las personas privadas de su libertad, generando los ámbitos adecuados para la asistencia de los internos, ya sea con la creación de una sala penitenciaria o con la adecuación de los efectores públicos existentes, contando con las condiciones edilicias, equipamiento y personal capacitado.

También recomendó al Poder Ejecutivo que articule un plan de salud integral para las personas sometidas al régimen de ejecución penal, que comprenda las etapas que se transitan en libertad, a fin de garantizar la salud psicofísica de los mismos. Del mismo modo, pidió que se articulen acciones para garantizar el abordaje y la asistencia sanitaria gratuita de quienes presentan consumos problemáticos de sustancias.

Por otro lado, ordenó que el Servicio Penitenciario asegure la alimentación de los internos, proveyendo desayuno, merienda, cuota láctea y fruta. Además, hizo hincapié en que deberá ser revisado el alimento que los presos describieron como "incomible". En tanto, también requirió que se mejore la distribución de la comida, especialmente en los sectores de resguardo. Dispuso además que se controle la calidad del agua que se suministra a las personas privadas de su libertad, sobre todo en la Unidad XI.