En el día de hoy, martes 16 de mayo, el Defensor Regional de la 2° Circunscripción Judicial (Rosario), Dr. Gustavo Franceschetti, junto a la Defensora Pública Adjunta, Dra. Susana Brindisi, ambos integrantes del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) solicitaron a la Fiscal de Corrupción y Violencia Institucional, Dra. Karina Bartocci, que desestime la investigación contra las doce personas de la comunidad Qom asistidas por la Defensa Pública, por los hechos ocurridos el 2 de abril de este año en el barrio Toba de la ciudad de Rosario.

La petición remarca que la única prueba de cargo es el acta de procedimiento en la que se incluyeron hechos falsos (supuesta portación de armas, supuesta resistencia a la autoridad) y se omitieron sucesos relevantes (lesiones proferidas por los policías, allanamientos ilegales, etc.) que comprometían la responsabilidad del personal policial. Instrumento confeccionado por los mismos policías que tenían interés en evitar su propia incriminación, sin la firma de testigos de actuación cuando las circunstancias no autorizaban prescindir de ellos. Franceschetti y Brindisi argumentaron que “insertar hechos falsos en un documento público es un delito y el fruto de un delito no puede ser prueba válida en contra de ningún ciudadano”.

La Defensa Pública basó su pedido en numerosas declaraciones testimoniales recibidas en la Fiscalía, en informes médicos agregados al Legajo fiscal y en la propia acta de procedimiento que consideró "nula".

También, pidieron que se inicie una investigación “pronta, diligente y eficaz” para determinar las responsabilidades penales de los efectivos policiales por falsedad documental (arts. 292 y 293 del Código Penal por la confección de un acta de procedimiento con hechos falsos) y apremios ilegales (lesiones proferidas a los ciudadanos de la comunidad Qom) atento que encuadran en hechos de violencia institucional protagonizados por agentes estatales.