La Defensora Pública de la Defensoría Regional de la 1° Circunscripción Judicial (Santa Fe) con sede en la ciudad de San Jorge, Dra.Patricia Hidalgo Montferrand, interpuso el 20 de marzo último un recurso de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de todas las personas privadas de su libertad en la Alcaidía de la Unidad Regional XVIII ubicada en la localidad de Sastre. El recurso fue presentado oportunamente ante la Oficina de Gestión Judicial de San Jorge, cuya audiencia aún no fue realizada. 

El habeas corpus interpuesto tiene como objeto reducir el hacinamiento en la Alcaidía de Sastre, así como también generar un mecanismo de control efectivo de las condiciones de detención. 

Con respecto a la primera situación de especial gravedad, la Defensa Pública señaló que la cantidad de plazas considerada válida por la Jefatura de la Unidad Regional XVIII no logra ajustarse a los estándares internacionales dispuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Del mismo modo, agrega que existen “niveles inaceptables de hacinamiento” en el establecimiento policial referenciado. Vale agregar que, según el último informe de la Dependencia Sección Alcaidia de la Unidad Regional XVIII de Sastre, librado el 9 de mayo último,  se encuentran actualmente alojadas 26 personas, a pesar de que cuenta con la capacidad para el alojamiento de diez varones y dos mujeres.

En ese tenor, la presentación realizada por Hidalgo tiene como fin la fijación judicial de un cupo legal – constitucional máximo del lugar de detención. Por último, la representante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal también solicitó que determinados lugares de detención sean clausurados dado que no se encuentran en condiciones para alojar individuo alguno.

En su escrito, la defensora sostuvo que el establecimiento destinado al alojamiento de personas privadas de su libertad, no cumple en la actualidad con los estándares requeridos por la Constitución Nacional en su artículo 18 y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, especialmente en lo relacionado con el cuidado de la salud psicofísica de los internos. Además, esta situación genera un agravamiento crónico de las condiciones de detención de las personas allí alojadas. 

Por otra parte el SPPDP denunció, entre otras situaciones, que la Alcaidía no cuenta con un servicio médico regular, ni de enfermería, odontológico o psiquiátrico. No sólo no existe servicio médico instalado en cada lugar, sino que tampoco hay visitas regulares o controles periódicos. Por ello, la Defensa Pública solicitó al juez interviniente que requiera al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que arbitre los medios necesarios para mejorar la calidad de los servicios médicos a las personas privadas de su libertad, en un plazo prudencial de treinta días. 

Sobre la realización de la audiencia la Defensora Pública de San Jorge expresó que ha sido solicitada y que se llevaría a cabo en Santa Fe con fecha a confirmar.