La Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, presentó ayer por la tarde el informe anual del Registro Público Provincial de Violencia Institucional -período 2018- ante el Consejo Asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario. A partir de su publicación, en donde se reflejan datos precisos y confiables registrados, el cuerpo consultivo cursó una invitación institucional para interiorizarse del mismo y compartir algunas inquietudes.

Del encuentro, que se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples -SUM- del Concejo, participaron la edil Celeste Lepratti -Comisión de Derechos Humanos-, medios de comunicación e integrantes del Consejo Asesor: Delia Ferraresi y María Elena Bayola -ambas por la Asociación Amigos del Bosque de la Memoria-; Oscar Lúpori -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos-; y Carlos Miño -Mesa de Pueblos Originarios-. En tanto, la Defensora Provincial estuvo acompañada por la Subsecretaria del Registro de Violencia Institucional y demás afectaciones a los DDHH, Lic. Lorena Negro, y otros funcionarios del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

En primer lugar, la titular del SPPDP se refirió al origen legal y a la implementación del Registro Provincial de Violencia Institucional, destacando que se trata de una herramienta que se encuentra a la vanguardia a nivel nacional y que los datos que se consignan  permiten estudiar la situación coyuntural en torno a las afectaciones a los Derechos Humanos en la provincia de Santa Fe.

En relación a la información registrada, indicó que se tomó razón de 579 víctimas de violencia institucional en todo el territorio provincial, que algunas de ellas sufrieron más de un hecho y detalló las distintas agresiones que se consignaron, como así también los principales momentos en el que el fenómeno se exterioriza. Explicó que desde el organismo que lidera se intensifican políticas y mecanismos para detectar aquellos casos que no son denunciados y precisó las razones de las víctimas para no hacerlo, siendo el motivo más habitual el temor a recibir represalias. Asimismo, explicó los ejes centrales del Protocolo de Asistencia y/o Asesoramiento a Víctimas de Violencia Institucional y Demás Afectaciones de Derechos Humanos, que fuera aprobado por Resolución nº 15/18.

En otro orden de ideas, hizo alusión al recientemente creado Programa de Asistencia a las Personas Sometidas a Penas o Medidas de Seguridad Privativas de la Libertad, el cual provee soluciones individuales en los casos de vulneración de derechos que se observan tanto en el campo judicial como en el administrativo del sistema penitenciario, lo que a su vez constituye una política pública que intenta neutralizar la violencia institucional mediante la constante presencia de la defensa pública en los lugares de encierro.

Por su parte, los miembros del Consejo Asesor intercambiaron experiencias y compartieron un diagnóstico sobre casos de violencia institucional, puntualizando las situaciones que atraviesan los jóvenes y las personas en situación de encierro.

Sobre el Registro Público de Violencia Institucional

El Registro fue creado por Resolución Nº 5/12 y modificada por Resolución 179/16.

Su función principal consiste en identificar, describir y analizar los hechos y/o situaciones que involucren violaciones a los Derechos Humanos por parte de funcionarias/os pertenecientes a las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, personal penitenciario y efectores de salud, como así también operadores judiciales, en contextos de restricción de libertad y/o autonomía.

La recolección de los datos del Registro se lleva adelante mediante entrevistas realizadas por los Defensores a las víctimas, recepción de denuncias telefónicas, información periodística e inspecciones regulares de los centros de detención. Resulta importante señalar que la identidad de quien ha sufrido la afectación a sus derechos fundamentales se mantiene en reserva y los operadores del Registro tienen deber de confidencialidad.

La información recabada se utiliza para elaborar estadísticas y desplegar acciones programáticas por parte del SPPDP y otras instituciones públicas interesadas en velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad.