En el día de hoy, viernes 8 de septiembre, el Juez Penal de 1° Instancia, Gustavo Pérez de Urrechu, hizo lugar a un habeas corpus colectivo y correctivo interpuesto por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) en favor de todas las personas privadas de su libertad por las condiciones edilicias, hacinamiento y ausencia de separación entre condenados y procesados en las unidades de detención de la 2º Circunscripción Judicial (Unidades N° III, V, VI y XI).

El motivo de la presentación, se advirtió a partir de las inspecciones realizadas por todos los integrantes que forman parte de la Defensa Pública. Durante aquellas visitas a los establecimientos carcelarios, se observaron las graves condiciones edilicias, habitacionales y sanitarias en las que conviven los internos; superpoblación y hacinamiento; falta de separación entre procesados y condenados; inadecuada asistencia médica; déficit en la provisión de alimentos y mala calidad de los mismos; falta de acceso a la educación y/o capacitación; escaso trabajo y peculio; violentas requisas en los pabellones y celdas; la aplicación de sanciones disciplinarias de hecho, de modo arbitrario y sin control alguno que importan tratos crueles, inhumanos y degradantes; incumplimiento de horario pactado para el recibimiento de visitas y falta de comunicación telefónica con el exterior del establecimiento penitenciario; y trato discriminatorio según se perteneciera o no a determinadas comunidades religiosas. Durante estos dos años se desarrollaron reuniones periódicas a los fines de arribar a una solución integral entre el SPPDP, el Juez Penal interviniente, Gustavo Pérez de Urrechu, el Fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Rafael Coria, la Defensoría del Sistema Conclusional y la Secretaría de Asuntos Penitenciarios. Asimismo, en ese tiempo el Magistrado ordenó nuevas inspecciones con el objetivo de constatar el estado de situación de los establecimientos penitenciarios.

Fue así que se le ordenó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario una pericia para tener fundamento técnico y profesional acerca de las condiciones edilicias y habitacionales en que se encuentran las cárceles denunciadas en el habeas corpus, teniendo en cuenta estándares internacionales de derechos humanos en materia penitenciaria.

El día viernes 1 de septiembre, se desarrolló la primera de una serie de audiencias donde se tratarán las denuncias efectuadas por la Defensa Pública y se intentará arribar a una solución integral para corregir el estado de situación en que se encuentran los establecimientos penitenciarios. En este primer debate, se trataron los temas vinculados con las condiciones edilicias de las cárceles de la 2° Circunscripción, el cupo máximo en cada una de ellas y la separación entre procesados y condenados.

Tomaron parte en la audiencia por el SPPDP, el Defensor Regional de la 2º Circunscripción Judicial, Gustavo Franceschetti, la Defensora Pública, Daniela Asinari y el Dr. Marcelo Marasca; por la Defensa Oficial del Sistema Conclusional, Florencia Chaumet; por el Servicio Penitenciario, Lucía Masneri; y por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rafael Coria. La misma estuvo presidida por Pérez de Urrechu.

En un primer momento, fue analizada la situación edilicia de las cuatro unidades penitenciarias a partir del trabajo pericial encargado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Los arquitectos indicaron dos situaciones peligrosas para la población penitenciaria. Por un lado, señalaron el riesgo eléctrico como el problema más grave y la principal posibilidad de muerte por accidente. En segundo punto, expresaron que los establecimientos carcelarios no cuentan con un protocolo de evacuación, por lo que no existe una respuesta en caso de emergencia.

En cuanto a esta situación, el Servicio Penitenciario requirió la presencia de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe ya que consideró su participación como “indispensable” en el debate. Al mismo tiempo, señalaron que se está realizando un plan de obras de mantenimiento progresivo de las unidades penitenciarias.

La Defensora Pública, Daniela Asinari, aclaró que “cualquier obra para mejorar los espacios y las condiciones de habitabilidad de internos y penitenciarios son bienvenidas”. No obstante expresó que se mantendrá “especial reparo” sobre cualquier cuestión que pueda generar peligro o que no satisfaga las condiciones de vida de los internos. Así también, indicó que el SPPDP continuará relevando el estado de situación de las unidades penitenciarias a través de monitoreos, registro fotográfico y entrevista a personas privadas de su libertad.

En cuanto a la sobrepoblación y hacinamiento, el Servicio Penitenciario informó que fue iniciada la compra de camastros que permitirán la instalación de camas cuchetas en las celdas de la cárcel de Piñero. Vale destacar que en este establecimiento hay espacio para 1290 internos. De todos modos, la representante de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios informó que al día de hoy conviven 1426 personas privadas de su libertad.

En este sentido, la Defensa Pública manifestó su desacuerdo con la decisión del Servicio Penitenciario en cuanto a la instalación de camastros en la Unidad Penitenciaria N° XI. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, que el Estado Nacional adoptó como instrumento internacional, establecen una determinada superficie para la habitabilidad de las personas privadas de su libertad. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, el SPPDP manifestó que en las celdas no puede convivir más de una persona. En ese sentido, dijo que “si se acuerda la postura del Servicio Penitenciario, se estaría legitimando el aumento de plazas en las cárceles desconociendo lo ordenado por los organismos internacionales”. Por ello, pidió que se fije un cupo máximo en las unidades penitenciarias, poniendo un freno especial al “crecimiento irregular” de la cárcel de Piñero.

Por último, el Servicio Penitenciario y la Defensa Pública acordaron mantener alojados en espacios distintos a internos procesados y condenados. Asinari destacó que se trata de un objetivo común que pretende lograrse progresiva y paulatinamente para no generar rechazo de los privados de su libertad que ocasionalmente requieran habitar espacios comunes por cuestiones de convivencia. Como primer paso, están avanzadas las obras que desarrolla el Poder Ejecutivo en la construcción de la nueva Alcaidía de varones que alojará a personas que estén con prisión preventiva que brindará una solución temporaria.

Luego de llamar a un cuarto intermedio, hoy se retomó la audiencia respectiva donde Pérez de Urrechu resolvió hacer lugar al habeas corpus interpuesto por la Defensa Pública. En este sentido, tuvo por presentado el Plan de Refacciones Edilicias de Unidades Penitenciarias de Zona Sur, presentado por el Servicio Penitenciario “para adecuar las instalaciones carcelarias al correcto alojamiento de los internos en las unidades de detención III, VI y XI, a fin de realizar, en particular, las obras de electricidad, provisión de agua potable y sanitarias/cloaca y el mantenimiento en condiciones de uso apropiado”.

Vale destacar que el 28 de julio pasado la Jueza Penal Hebe Marcogliese resolvió sobre la base de un habeas corpus presentado en favor de las internas de la cárcel de mujeres sobre las condiciones de habitabilidad de la misma. Sin perjuicio de declararlo abstracto, Pérez de Urrechu pidió que se hagan las obras “indispensables” para e funcionamiento de dicha unidad.

El Magistrado también ordenó mantener la mesa de diálogo ordenada oportunamente bajo el objetivo de realizar el seguimiento del plan presentado por el Servicio Penitenciario para “facilitar su implementación y evitar situaciones de conflictividad con los internos, de la forma menos lesiva posible”.

Asimismo, recomendó que una vez concluido el plan de obras propuesto, sea establecido un plan de mantenimiento edilicio “sustentable en el tiempo” y a los fines de que no vuelvan a repetirse las situaciones señaladas por la Defensa Pública.

Con respecto al cupo, el Juez sugirió a la autoridad denunciada mantener el número de internos en las unidades de detención “para evitar la superpoblación carcelaria y la separación entre procesados y condenados”.