La Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, participó ayer del cierre de año del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de Rosario -COLABRO-, un espacio de debate y actualización que agrupa a letrados especialistas en material penal, cuyo Presidente es el Dr. Raúl Supertti.

La titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP-, compartió panel con la Presidenta del Instituto de Litigación Oral, Dra. Malena Corvalán; y la Presidenta de la Comisión de Justicia Penal, Seguridad y Asuntos Penitenciarios, Dra. Florencia Blotta, ambas del Colabro.

Al respecto, la Dra. Balangione, realizó un análisis crítico sobre el sistema adversarial desde el paradigma constitucional, y reflexionó en torno al estado de situación en que se encuentra la Defensa Pública, en el sistema implementado en la provincia de Santa Fe desde el año 2014.

En ese sentido, señaló que la reforma procesal penal santafesina logró establecerse como una política pública de largo plazo, y que fue un salto de calidad para el sistema de justicia, señalando que el camino para su óptimo funcionamiento es complejo, ya que se producen avances y retrocesos, que implican una redefinición de viejos problemas con la identificación de otros nuevos, pero también el surgimiento de innovadoras perspectivas y herramientas.

Así, ubicó la falta de igualdad de armas -desde una mirada multidimensional- entre defensa y acusación, tanto en el plano normativo como operativo. Puso de relieve la existencia de barreras que obstaculizan un efectivo despliegue del Derecho de Defensa, haciendo hincapié en la necesidad de recobrar la racionalidad que debe campear en el sistema observado holísticamente y en clave de derecho penal liberal, abordando en forma coloquial el problema de las prácticas que se dan en la vorágine diaria, y que suelen tener o pueden conducir a vestigios del sistema anterior (ejemplos: uso excesivo de la prisión preventiva y del juicio abreviado, etc.).

Propuso contar con una Defensa Pública integral, que promueva un paradigma de prevención social del delito haciendo foco en la gestión adecuada de los conflictos y en la erradicación de sus causas subyacentes, brindando una respuesta integral a las personas representadas y a sus familias. De la misma manera, planteó la necesidad de establecer mecanismos de justicia restaurativa que parta de reconocer la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad.

Por último, invitó a las/os profesionales a conocer la resolución que actualiza los estándares de Defensa transversalizando perspectiva de género, resultado del profundo proceso que se inició a partir del curso "Defensa Penal Pública con perspectiva de género", enmarcada en la Ley Micaela, cuya primera actualización bienal finalizó el lunes último.

Para finalizar, la Defensora Provincial participó también de la cena de fin de año del Instituto, en representación del SPPDP.