La Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, participó en el día de hoy, miércoles 27 de septiembre, del panel “Delitos contra personas en situación de vulnerabilidad. Participación en un proceso penal” en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en el marco de la “Formación integral en medios de pruebas sobre sujetos Vulnerables y Cámara Gesell”.

La capacitación, que constará de ocho jornadas, es organizada por la Subsecretaría de Asuntos Penales y el Área de Capacitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe en conjunto con el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), el Ministerio Público de la Acusación, el Centro de Capacitación Judicial de la Provincia de Santa Fe, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe.

El acto de apertura estuvo a cargo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Ricardo Silberstein y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Daniel Erbetta. El panel inaugural, estuvo integrado por la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione; el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Jorge Baclini; y el Subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Lisandro Martínez Gorostiaga.

La titular del SPPDP celebró la organización de estas jornadas que servirán para “poder razonar y articular desde los distintos sectores del Estado y de la sociedad civil una mirada interdisciplinaria”.

Destacó los esfuerzos que, desde la declaración de Cancún (2002), encabezaron los diversos poderes judiciales de Iberoamérica para culminar en el año 2008 en las denominadas “100 Reglas de Brasilia para el acceso a la Justicia de Personas en situación de Vulnerabilidad”, que deben ser entendidas como herramientas que los máximos exponentes de la Justicia en América Latina y España indican para el efectivo reconocimiento de derechos de quienes resultan soslayados en las sociedades actuales.

Recordó que, más allá de no resultar derecho imperativo, las Reglas han sido recogidas por la Corte Suprema de la Nación, y por los Tribunales Superiores de las 23 Provincias, demostrando que la preocupación por el acceso a la Justicia se replica en todo nuestro país.

Aseveró que “el siglo XXI ha sido testigo, y nosotros actores, de un cambio drástico en el enfoque sobre los problemas y el Derecho”. Destacó que, en ese contexto, las Reglas son fruto del avance que, desde una concepción de neto liberalismo heredada de la Revolución Francesa, ha pasado a poner la mirada pública en la igualdad y, para arribar a ella, en la solidaridad.

En ese marco, la preocupación de los operadores ha sido igualar a quienes no se encuentran en igual situación; y allí la Defensa cumple un rol importante al trabajar con sectores vulnerables.

Recalcó que, con un diseño inteligente, las Reglas se articulan en cuatro partes diferentes, analizando la primera el alcance y naturaleza del texto, mientras que la segunda detalla los grupos de personas que son sujetos merecedores de particular protección, integrando (con particular vinculación a la jornada) a los niños, niñas y adolescentes; las mujeres y las personas privadas de libertad.

Remarcó también el denodado trabajo de las Defensas Públicas para lograr esa valiosa herramienta para los operadores estatales, en tanto los mismos participes de su redacción han reconocido el empuje que desde la Asociación Interamericano de Defensorías Públicas (AIDEF) se le imprimió.

Señaló luego que, es de interés de su gestión, reclamar la extensión de la Defensa Pública para que contemple un abordaje integral al conflicto de las personas. Es que, los mismos sujetos vulnerables que son objeto de atención del SPPDP, hoy en materia exclusivamente penal, traen un complejo de problemas que deben ser abordados desde lo civil, desde el derecho de familia y otros ámbitos. Comprometerse con el acceso a la justicia, implica no sólo defenderlos cuando el Estado sospecha que han cometido delito, sino también darles soluciones jurídicas a sus problemas de familia, por ejemplo, antes que determinen conductas gravosas.

También destacó que, es necesario concederle espacio a la interdisciplinariedad, en tanto desde el derecho las respuestas a los problemas se encuentran atravesadas por el deber de motivar las resoluciones. Asimismo expresó que, sobre los hechos, la motivación descansa en la sana crítica racional que implica que el Juez debe escuchar a los expertos y conocedores de las distintas áreas, y debe consultar hasta tener información suficiente para dar una respuesta bien sostenida sobre lo que pasó, pero también sobre como actuar a partir de lo que pasó.

Por último último, remarcó la importancia de contemplar también que la Cámara Gesell es un aporte apto e importante para lograr el testimonio de personas vulnerables, porque comparte con el esfuerzo para lograr pruebas y elementos de convicción, la preocupación por el bienestar de la víctima o el testigo. Pero también, que se debe tener presente, que es una entre otras herramientas posibles para lograr el mejor resultado en el caso.