La Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione, participó en el día de hoy del 1er. Encuentro Nacional de Órganos de Revisión de la Ley de Salud Mental -Ley Nacional N° 26.657- que se desarrolló en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Paraná y estuvo organizado por el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental y el Órgano de Revisión de Salud Mental de la provincia de Entre Ríos.

Disertaron en el panel de apertura la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; el Defensor General de Entre Ríos y Presidente del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina, Maximiliano Benítez; el Secretario de Salud de la Nación, Luciano Grasso; en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ricardo Augman; y el representante de la OPS/OMS en Argentina, Sebastián Lapiur.

Durante su exposición, la Defensora General de la Nación hizo hincapié en la importancia de que los Órganos de Revisión en Salud Mental -ORSM- estén integrados por la Defensa Pública ya que ése es el ámbito natural al tener el control del encierro, las torturas que se producen por tal privación de libertad, y derechos humanos en general, máxime siendo un órgano con autonomía respecto del Poder Judicial. Asimismo destacó que debe haber control judicial sobre decisiones que toman sobre derechos de personas con capacidades diferentes. Asimismo, señaló que la legislación impone obligaciones a los jueces y médicos frente a la problemática, como por ejemplo la revisión periódica sobre las sentencias que limiten el ámbito de derechos de estas personas y, por ello, exhortó a los defensores para que las realicen ya que son ellos quienes deben solicitarlas.

Por ello, indicó que el rol de la defensa resulta fundamental en este cambio de paradigma que gira alrededor de la inclusión, y, más allá de que existen pocas sentencias al respecto, estas deben ser señeras y marcar un camino. Reflexionó acerca de la importancia que deben tener las agencias interdisciplinarias a los fines de que las personas con capacidades diferentes puedan entender y comprender su situación, ya que se tratan de ciudadanos incluidos. Recalcó que la Ley Nacional de Salud Mental es de vanguardia en América y que resulta un verdadero desafío poner en práctica lo que dicta la norma. En este sentido señaló que “hay que luchar por los derechos humanos de estas personas con capacidades diferentes” modificando aquella mentalidad exclusiva del sujeto y luchando por una sociedad inclusiva.

También expresó que la implementación de la ley resultó de un trabajo “inmenso y un verdadero desafío” ya que se trata de una lucha y un proceso coherente. En este punto, resaltó que un modo de empezar a transitar esta historia es a través de la integración del ORSM a instituciones independientes y/o autónomas vinculadas al Sistema Nacional. Y además planteó que estos encuentros no deben ser un espacio de enriquecimiento, sino también un momento que sirva para armar una red que posibilite la permanente vinculación de los ORSM de todo el país para el intercambio de sentencias, experiencias, problemas, logros, etc.

Para finalizar manifestó que las Defensas Públicas deben servir “para ayudar al Estado a poder avanzar de manera firme en la concepción de la inclusión de personas con discapacidad, entendiendo la salud como derecho humano fundamental ya que en cada familia o grupo existe una situación y nuestro país siempre ha tenido una vocación a favor de las personas más vulnerables”. De este modo concluyó que “hay que aprender a valorar a cada ser humano, ese es el desafío y el motivo de esta convocatoria, que no quede en un cajón y, finalmente, se haga realidad”.

Graciela Iglesias: El ORSM “es un organismo específico de control de derechos”

A su turno, la Secretaria Ejecutiva del ORSM, Graciela Iglesias, señaló la importancia de que las Defensorías Públicas estén al frente de los órganos locales para garantizar el derecho a defensa de las personas que son internadas, dado que es el lugar donde naturalmente debe estar el órgano, indicando que luego de esa constitución en cabeza de los Ministerios Públicos de Defensa, toma parte el entramado intersectorial. Para ello, la titular del órgano que depende de la Defensoría General de la Nación llamó a que se fije un estándar común y rector sobre el cual actuar ya que se trata de “un organismo específico de control de derechos”. En este sentido expresó que constitucionalmente la Nación y las provincias que lo han implementado ponen en cabeza de las Defensas Públicas los ORSM, ya que se trata de un principio reglado en los artículos 38 y 39 la ley nacional y en las convenciones internacionales de derechos humanos.

Santa Fe y la composición del ORMS

En Santa Fe, el ORSM fue creado por ley 13.733 hacia fines del año 2017 y, a diferencia de otras provincias, está en cabeza de la Defensoría del Pueblo.

Durante la gestión de la Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- planteó la necesidad de que la Defensa Pública integre el ORSM, el Consejo Ejecutivo  (lugar donde tampoco se incluyó al organismo a pesar de los compromisos asumidos por legisladores) o bien el Consejo Consultivo del órgano de revisión local,  que se encuentra a cargo del Procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Esta cuestión fue planteada en la reunión del Consejo del SPPDP en septiembre del año pasado, poniendo de relieve la grave situación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes, en relación a la privación de libertad y falta de instituciones que aborden la problemática, más allá de recursos de habrás corpus que se plantearon por situaciones en organismos aun monovalentes. No obstante, el SPPDP no fue aun incluido ni convocado. 

Por ello, resulta necesario destacar la necesidad de que la Defensa Pública intervenga ya que los trámites son en su mayoría judiciales, y una de sus principales funciones radica en monitorear todos los lugares de detención contemplando las instituciones totales, y lo referido a aquellas personas que resultan inimputables, más la protección de los derechos humanos. Por ende, el SPPDP no puede desendenterse ni ser excluido del órgano.

En su exposición, Iglesias indicó que el 27 de marzo se firmará un convenio donde se fijará la reglamentación y puesta en marcha del órgano local. La Defensora Provincial de Santa Fe señaló la importancia de que la Defensa Pública participe de ese encuentro para definir su participación en el ORSM.