El Servicio Público Provincial (SPPDP) participó de la Jornada Internacional de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, que se llevó adelante el jueves último en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

El encuentro se desarrolló en el marco de la actuación de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Como cara visible de la Defensa Pública de la Provincia de Santa Fe, asistió la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione.  Asimismo, concurrieron a la jornada la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez y una numerosa cantidad de juristas nacionales e internacionales.

Participaron del panel de bienvenida la presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación Dra. Adriana O. Donato; el vicepresidente Dr. Miguel a. Piedecasas; el presidente de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de la República Argentina, Dr. Rafael Gutiérrez; y la Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Dra. María Lilia de Díaz Cordero.

En tanto, como oradores extranjeros expusieron el Vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, Juan Martínez Moya como asimismo los Magistrados de Costa Rica, Panamá y Honduras, Carmenmaría Escoto Fernández; Angela Russo de Cedeño y María Fernanda Castro Mendoza, respectivamente.

El documento “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” prevé la conformación de una Comisión de Seguimiento en su Regla N° 100. Según se desprende de la misma, tiene como función informar al Plenario de la Cumbre Ibeoramericana la aplicación de los principios en los diferentes países miembros. Asimismo, debe proponer un “Plan Marco de Actividades”, a efectos de garantizar el seguimiento de las Reglas. Por último, tiene que “promover ante los organismos internacionales hemisféricos y regionales, así como ante las Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado de Iberoamérica, la definición, elaboración, adopción y fortalecimiento de políticas públicas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia por parte de las personas en condición de vulnerabilidad”.