El Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- presentó ayer, domingo 22 de marzo, una denuncia de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en las Unidades Penitenciarias o en Dependencias Policiales de la Provincia de Santa Fe.

El documento, que lleva la firma de la Defensora  Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, manifiesta que desde el organismo han constatado en las distintas unidades penitenciarias y en dependencias policiales -que alojan personas privadas de libertad-, una serie de fallas, faltas y deficiencias que vulneran el Derecho Humano a la salud, como así también el incumplimiento de las medidas sanitarias que debieran ser adoptadas en el marco de la pandemia mundial.

En este marco, fue corroborado que al ingresar a sus lugares de trabajo, el personal del servicio penitenciario -o policial en su caso- no es revisado por un médico para constatar síntomas del COVID - 19, ni se le exige adoptar las medidas de salubridad e higiene imprescindibles -guantes, barbijos, alcohol en gel-, situación que representa un riesgo cierto e inmediato de posibilidad de contagio y posterior propagación del virus.

Además, la población privada de libertad carece de elementos de limpieza e higiene, agregando que las raciones de comida resultan insuficientes, lo que tiene una incidencia directa en el sistema inmunológico. A todo ello, se suma que se encuentra momentáneamente suspendido por parte del Servicio Penitenciario el ingreso de paquetes -alimentos y elementos de limpieza- que los familiares aportan regularmente para la manutención de los mismos.

Cabe mencionar que durante la tarde de hoy se registraron disturbios de elevada complejidad en las unidades penitenciarias Nº 1 -Coronda- y Nº 2 -Las Flores- que habrían sido motivados por el reclamo de los internos para que les sean suministrados con carácter de urgente los referidos elementos de higiene, encontrándose actualmente en mora el Estado.

A raíz de esta extraordinaria situación sanitaria, la Defensa Pública, exhorta a las autoridades competentes a brindar una rápida respuesta y soluciones eficaces, atento la escasez de alimentos y elementos de higiene, para evitar el contagio y propagación del virus COVID 19 en las personas sometidas a encierro, brindándoseles información clara y certera para tranquilidad de la población penitenciaria, agentes penitenciarios y sus familias.

El fundamento legal de la petición se cimenta en el art. 18 de nuestra Constitucional Nacional, el cual reza: “… las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autoriza.” y de los Tratados sobre Derechos Humanos con rango Constitucional.

La judicialización de la situación, a través de la presentación de recursos de habeas corpus, pretende arribar a respuestas rápidas del Poder Ejecutivo, en el extraordinario marco de la pandemia, que requiere duplicar los esfuerzos de organización, junto a la extrema necesidad de tomar medidas efectivas urgentes.