El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos (DH), jornada en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). La DUDH es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, basándose en un paradigma de universalidad sin ningún tipo de condiciones ni distinciones. El reconocimiento jurídico internacional de la dignidad humana fue producto de un largo proceso histórico testigo de las violencias más atroces sufridas por la humanidad, y consecuencia de la lucha  de los sectores más oprimidos de la sociedad. En una trama de constante vulneración de garantías fundamentales los derechos humanos, en tanto utopía estructurante del siglo XXI, implican una defensa y reivindicación permanente de la dignidad humana para el sostenimiento del Estado de Derecho.

Asumiendo esta responsabilidad, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- orienta sus ejes de acción de forma tal de resguardar la defensa técnica penal que resulta su misión institucional en consonancia con la detección, denuncia, litigio, así como el registro de los hechos de violencia institucional fuera policial, penitenciaria, o de otras áreas del Estado. Esa labor se encuentra documentada en los informes que emite el Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones a los Derechos Humanos, de allí se desprende que desde el año 2014 al 2019 se registraron 3.160 víctimas de violencia institucional, y un total de 5.271 tipos diferentes de prácticas de torturas, malos tratos y demás afectaciones a los DDHH.

En este contexto, y en el marco del 10 de diciembre, el SPPDP organiza las Jornadas “Políticas Publicas para contener la Violencia Institucional”, las mismas tienen como objetivo promover el debate y dar cuenta de las situaciones de violencia institucional que se han desarrollado durante el año 2020, en un escenario de pandemia caracterizado por el reforzamiento de racionalidades punitivas y securitarias, el  accionar arbitrario de las fuerzas de seguridad, el uso excesivo de la fuerza, la superpoblación carcelaria en espacios de detención que no cumplen con las medidas de seguridad e higiene requeridas, y la complejidad para la detección y denuncia de estas violaciones a los Derechos Humanos, que profundiza la cifra oculta respecto de la frecuencia, características y volumen con que suceden estos hechos.

También resulta necesario conmemorar una fecha relevante para el reconocimiento de los derechos humanos en el ámbito Nacional. Cada 10 de diciembre se celebra el Día de la Restauración de la Democracia, -establecido mediante Ley Nº 26.323 del año 2007- en conmemoración a la restitución del Estado de Derecho en 1983 a partir de la asunción como Presidente de la Nación del Dr. Raúl Alfonsín.

Ese día histórico, la página más negra de la historia argentina recibía los trazos de luz de la restauración democrática luego de siete años de la dictadura cívica militar más cruda de nuestra historia, iniciada el 24 de marzo de 1976. Es importante recordar y promover los valores de la democracia, continuos e inacabados, y su significado histórico, político y cultural, como también las libertades públicas, la igualdad y la vigencia de los Derechos Humanos.

La relación de la Democracia con el Estado de Derecho y la reivindicación de los Derechos Humanos es hoy un punto de acuerdo común. No hay Derechos Humanos sin Democracia, pero tampoco hay mayoría alguna que pueda desconocer los Derechos Humanos. Los argentinos hemos aprendido de ambos valores, y la conjunción de ambas conmemoraciones nos invita a recordar lecciones que nunca más deben ser olvidadas.  Los derechos fundamentales constituyen el ámbito de lo indecidible para las democracias constitucionales.

Desde su lugar, el SPPDP asume la defensa y custodia permanente del Estado de Derecho, especialmente respecto de las acciones de quienes detentan el poder, cuando se exceden en su ejercicio y horadan a través de la Violencia Institucional los simientos del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Consideramos que ante este panorama, el rol del SPPDP es hacer frente a las desigualdades, la exclusión y la discriminación arraigadas, sistemáticas e intergeneracionales y promover la aplicación de las normas de derechos humanos y desarrollar políticas publicas intersectoriales para contener a la violencia institucional.