Fuerte apoyo de los testigos al Defensor Provincial

Los miembros de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa recibieron el miércoles 16 de noviembre último, tanto en Rosario como en Santa Fe y durante toda una jornada las declaraciones de los testigos propuestos por el Defensor Provincial, Dr. Gabriel Ganón, en el marco del pretendido proceso de destitución que se lleva adelante bajo el impulso del Senador Lisandro Enrico. Por la mañana lo hicieron en la ciudad del centro-sur provincial, en tanto que por la tarde siguieron las rondas en la capital ubicada en el centro-norte.

Luego de la defensa sólida que sostuvo el titular del Ministerio Público de la Defensa durante tres intensas audiencias por espacio de casi diez horas, la Comisión de Acuerdos decidió la semana pasada dar curso al pedido de convocar a los testigos propuestos, quienes avalaron el trabajo del defensor provincial, su compromiso con los derechos humanos, respondiendo preguntas concretas, directas, no dejando los miembros de la Comisión el tiempo necesario para explayarse en sus aseveraciones. En las testimoniales tomadas en Santa Fe se dio la situación de que el abogado patrocinante, Domingo Rondina, llamativamente no fue habilitado para intervenir en la importante fase de control de producción de prueba, circunstancia que el constitucionalista hizo constar mediante la presentación de un escrito.

Entre los convocados se encontraban familiares y víctimas de violencia institucional, como así también referentes de organismos de derechos humanos nacionales y provinciales, instituciones estatales y expertos en materia de legislación local e internacional sobre el rol de las Defensas Públicas.

En Rosario la citación se produjo en la sede del Senado provincial. Allí acudieron, entre otros, Ramón Casco (padre de Franco Casco); Vicente Godoy y Deolinda Retamar (padres de Carlos Godoy); Mirtha Ponce (madre de Alejandro Ponce); María Elena Herrera y Julieta Riquelme (madre y hermana respectivamente de Jonatan Herrera); Cristian Loza (padre de Sergio Loza); Liliana y Lucila Pavón (madre y hermana, respectivamente, de David Peralta) y el concejal rosarino Eduardo Toniolli.

Por la Comisión de Acuerdos, presenciaron las rondas testimoniales realizadas en Rosario el Presidente provisorio del cuerpo legislativo, Senador Alcides Calvo (PJ – Castellanos), el Senador Joaquín Gramajo (PJ – 9 de Julio) y las Diputadas, Inés Bertero (PS -FPCS) y Alicia Gutiérrez (SI – FPCS). No estuvo presente el denunciante, Senador provincial Lisandro Enrico. Las preguntas efectuadas por los legisladores fueron prioritariamente formuladas en torno a cuestiones de trato con el Defensor y de tinte político institucional.

En la apertura de la ronda de declaraciones luego de finalizadas las entrevistas por parte de los miembros de la Comisión de Acuerdos, Ramón Casco ponderó el trabajo del defensor provincial en casos de violencia institucional, subrayando visiblemente emocionado que “siempre nos ha ayudado y acompañado”, para agregar que “en la causa de mi hijo se han producido pruebas que estaban ocultas y salieron a la luz sobre lo que realmente pasó”.

A su turno, Vicente Godoy acotó “la Comisión quiso saber cómo llegamos a Gabriel y qué tal fue la atención. Para nosotros ha sido bueno su trabajo, pero también para otras víctimas, aclarando sobre el tema policial que quieren tapar todo. Lo que hace Gabriel es buscar la verdad de lo sucedido. Esperamos y anhelamos que esta persecución termine”.

En tanto, Mirtha Ponce angustiada señaló: “no me dejaron explayarme ni decir nada. Solo contesté las preguntas que me hicieron. Yo estoy muy conforme con el trabajo de Ganón porque fue el único que estuvo desde un principio con el caso de mi hijo. Voy a apoyarlo todo lo que pueda y voy a ir donde vaya”.

Julieta Riquelme se atrevió a dar una explicación de la coyuntura: “sinceramente creo que es un armado político en contra del Defensor Provincial, donde se lo quiere destituir de alguna manera, ya que las preguntas fueron muy obvias. Los políticos en cierta forma se olvidan que afuera estamos los familiares, que nos sentimos bien representados por Gabriel Ganón, quien nos ayudó en todo momento a buscar justicia y nos empuja a hacerlo permanentemente. Por eso venimos a darle nuestro apoyo y decirles a ellos que no se la vamos a hacer fácil. Queremos que él siga siendo Defensor. El trabajo que hace Gabriel es perfecto”.

María Elena Herrera hizo lo propio señalando que “es una cuestión política grande donde lo quieren echar a Ganón. Ellos no tienen que olvidarse que gracias a él estamos acá y seguimos con la lucha. Sacarlo a Ganón dejaría a muchas familias desamparadas porque no creo que haya tanta gente en la justicia que se interese por el dolor de las familias como lo hace el defensor”. “Parece que cuando se trabaja bien eso molesta”, acotó.

Y así fueron desfilando los testimonios, como el de Cristian Loza que expresó: “Me consultaron sobre cuestiones políticas. Gracias al Dr. Ganón avanzó el caso de mi hijo. Está mal este pedido de destitución, porque es una gran persona y sabe lo que hace. El pudo orientarme para que no cerraran el caso y seguir avanzando. Me ayudo muchísimo”. Asimismo, Liliana Pavón se animó a señalar: “nos preguntaron cuatro cosas que no son para nada causales de destitución de un funcionario. El trabajo de Ganón es excelente porque pone lo que tiene que poner”, a la vez que Lucila Pavón aportó que “siempre estuvo cuando lo necesitamos. A nosotros nos están pasando por arriba con la causa de mi hermano y él es el único que nos impulsa para que pidamos justicia”.

Finalmente, el ex legislador Eduardo Toniolli afirmó que “hicimos un detalle sobre todo lo que trabajamos juntos en la provincia, básicamente durante mi trabajo como Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja en la legislatura provincial. Dimos nuestro parecer sobre este proceso en particular, que es producto de la animadversión de un funcionario legislativo (el Senador Enrico), producto de su supina ignorancia del nuevo sistema procesal penal, ya que si por él fuera no debería existir la defensa pública, lo que dejaría desamparados a aquellos que no cuentan con los recursos necesarios como para pagarse un defensor”. También habló de que se quiere avanzar en el control del Ministerio Público de la Defensa por parte de la fuerza a la que pertenece (UCR), y que ya maneja al Ministerio Público de la Acusación. “Todo esto generó que se lleve adelante esta pérdida de tiempo y de dinero para los contribuyentes, montando este juicio totalmente irregular, haciéndole perder tiempo al resto de los legisladores y con el objetivo de escarmentar al Defensor Provincial solo porque siempre ha sido claro y conciso en las denuncias sobre las irregulares en el marco del sistema penal, la justicia y las fuerzas de seguridad y sus actuaciones”.

Atención a vulnerables

La Comisión de Acuerdos continuó por la tarde del miércoles 16 de noviembre con los testimonios esta vez en la ciudad de Santa Fe. En la mayoría de los casos las declaraciones realizadas confluyeron en aportar datos sobre las circunstancias en que tomaron contacto con el defensor provincial y respecto a la actuación de la Defensa Pública en distintos casos de violencia institucional, desaparición forzada de personas y hechos de afectación a los derechos humanos, rescatando los testigos que la institución referida acogió favorablemente  a las personas vulnerables, convirtiéndose en el espacio adecuado donde  fueron contenidos y escuchados, encontrando las respuestas que otros organismos del Estado no supieron brindar. Se puso en consideración la disposición del defensor provincial para asistirlos en un primer momento y luego representarlos técnicamente como víctimas de violencia institucional, afirmando, como en el caso específico de los padres de Natalia Soledad Acosta, desaparecida en el año 2009 en circunstancias todavía no esclarecidas, que dicha causa pudo por medio de la Defensoría visibilizarse e impulsarse hasta “obtener avances significativos en pos de su esclarecimiento”. Se sabe que tras la labor de la Defensa Pública el caso ingresará en el ámbito de la justicia federal para abordarlo como desaparición forzada de persona, lo que le daría una mejor respuesta desde el sistema de administración de justicia.

Los testimonios fueron coincidentes destacando la pronta atención ante situaciones de gran  vulnerabilidad económica y social por parte de la Defensoría Provincial, agregando la satisfacción por los resultados obtenidos. Muchos de los presentes expresaron antes de la audiencia que no habían encontrado el eco que ellos esperaban en otros estamentos del Estado santafesino. En este caso, la Comisión de Acuerdos estuvo integrada por el Presidente provisorio del cuerpo legislativo, Senador Alcides Calvo (PJ – Castellanos), los Senadores Joaquín Gramajo (PJ – 9 de Julio) y Rodrigo Borla (NEO – UCR- FPCS San Justo) y los Diputados, Leandro Busatto (PJ), Inés Bertero (PS -FPCS), Alicia Gutiérrez (SI – FPCS) y Patricia Tepp (UCR-FPCS). Esta vez tampoco estuvo presente el denunciante, Senador provincial Lisandro Enrico.

Tras brindar su testimonio, Ariel Acosta (padre de Natalia) señaló que se contactó con Gabriel Ganón a través de la Universidad Nacional del Litoral, por medio del Programa de Género que dirige la abogada Paula Spina, y que siempre observó un gran compromiso del defensor provincial con los derechos humanos, puntualizando que pudo elevarse la causa a las Naciones Unidas y que hoy el Estado debe responder ante el pedido concreto del organismo internacional de darle mayor dinamismo y profundidad a la investigación, a punto tal que celebró la intervención de Ganón  y del   Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, para la llegada del caso a la justicia federal.  

En forma similar se expidieron referentes tales como la mencionada Dra. Paula Spina (UNL/Programa Género), quien destacó que siempre recibió el apoyo del Defensor Ganón, trabajando en temas puntuales, como la aplicación del arresto domiciliario de las mujeres privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria 4.

A su turno, la Trabajadora Social del Ministerio de Salud provincial, Silvana Acevedo, explicó que la defensoría a través de su máximo responsable siempre se destacó por garantizar el acceso a la justicia de los más vulnerables, y por el oportuno acompañamiento a los familiares de las víctimas y al propio equipo de salud que integra, mencionando que actuó en casos específicos que involucraron causas que atraviesan cuestiones de salud mental, apremios ilegales y detenciones.

Muchas de las preguntas formuladas por la comisión refirieron los testigos giraron en torno a posibles circunstancias políticas que pudieran haber motivado las actuaciones del defensor, aspecto que los deponentes se encargaron de desmentir de plano.

También prestaron su testimonio en forma coincidente con los relatos anteriores María Cristina Balán (madre de Natalia Soledad Acosta); Ana Berraute (ex legisladora y madre de Jesús y Jonathan Sosa). En idéntico sentido Dionisio Cesar; Faustina Del Valle Rodríguez (madre de Mauricio Díaz); Juan Carlos Márquez y Ramona Contreras (padres de Pablo Contreras, víctima de violencia institucional). Todos sin excepción subrayaron el acompañamiento del Defensor en las causas tan sensibles que les toca padecer.

Es dable destacar que la Agrupación Hijos, por medio del abogado Guillermo Munné, ingresó un escrito en apoyo a la actuación del defensor al no poder asistir personalmente a la audiencia.