El 10 de febrero del año 2014 la provincia de Santa Fe implementó el actual sistema de justicia penal, tratándose de una reforma inédita respetuosa de los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. Para ese entonces, ya se encontraba sancionado desde el año 2007 el Código Procesal Penal y creadas -dentro del Poder Judicial- las nuevas instituciones que de manera autónoma e independiente ejercerían las funciones jurisdiccionales de acusar -Ministerio Público de la Acusación- y de defender -Servicio Público Provincial de Defensa Penal-.

Se trató de un cambio estructural que trajo como novedad la realización de audiencias públicas y orales, la implementación de un modelo de enjuiciamiento adversarial y acusatorio, y de distintas herramientas procesales no contenidas en el anterior modelo de corte inquisitorio. Este sistema se caracterizaría por respetar los principios de imparcialidad, independencia y contradicción, y posibilitaría una justicia penal rápida, transparente y abierta al público.

Para el correcto funcionamiento del sistema penal, adquirió un rol esencial el desempeño de la Defensa Pública, la cual ha ido recorriendo un proceso de fortalecimiento institucional, constituyéndose hoy como un servicio de indiscutible calidad a la sociedad, teniéndose presente que en más del 90% de las causas penales provinciales intervienen defensoras/es públicas/os. En este aspecto, se otorgó vital importancia a la necesidad de garantizar el derecho de defensa en sentido material (esto es, de manera real, efectiva y eficiente).

En el marco del proceso de implementación, vale destacar el compromiso y trabajo de todas/os quienes integran e integraron los tres poderes del Estado y/o las instituciones relacionadas al servicio de justicia. Hace más de dos décadas que comenzaron las primeras discusiones sobre la necesidad de reforma, las cuales por medio de decisiones políticas, de debates y de consensos, posibilitaron que la Provincia de Santa Fe cuente con el sistema más moderno del país en materia de Justicia Penal.

Se ha dado un marcado fortalecimiento institucional hasta llegar a la actual coyuntura, sin perjuicio de la necesidad de seguir avanzando en pos de la igualdad de armas para el pleno y correcto funcionamiento del sistema.

Celebramos nuevamente la implementación del sistema de justicia penal. Nos esforzamos para consolidar su funcionamiento, contribuir al mejoramiento de las falencias que pudieran detectarse, garantizar el acceso a la justicia, como así también para continuar posicionando al Servicio Público Provincial de Defensa Penal como férreo “defensor” de los Derechos Humanos, sobre todo de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.