El Defensor Provincial, Dr. Gabriel Ganón conjuntamente con el encargado de la Secretaría de Prevención contra la Violencia Institucional del Ministerio Público, Dr. Enrique Font,  interpusieron hoy un recurso de hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de todas las adolescentes alojadas en la Unidad de Detención de Mujeres de la Dirección de Justicia Penal Juvenil dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe y ubicada en la Planta Alta de la Comisaría 7ma. de la ciudad de Rosario.

El 11 de octubre pasado, una delegación compuesta por Font junto a miembros de la Defensa Pública realizaron una inspección no anunciada a la Unidad de Detención para constatar las condiciones de encierro en que conviven las adolescentes privadas de su libertad. Las inspecciones periódicas no anunciadas, realizadas a lugares de detención por el Ministerio Público de la Defensa, se enmarcan en lo establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes de Naciones Unidas.

Como resultado de la inspección realizada, los integrantes del Ministerio Público de la Defensa constataron serias irregularidades respecto al cumplimiento de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención de niñas y adolescentes, que vulneran el ejercicio de sus derechos constitucionales y agravan ilegítimamente su estado de detención. Además, pudo identificarse una situación de tortura momentos después de producirse su arresto.

La institución inspeccionada se encuentra ubicada en la planta alta de la Comisaría 7ma., donde también funciona un penal de mujeres adultas, siendo su estructura edilicia inadecuadamente adaptada para alojar a niñas y adolescentes. La privación de libertad de las jóvenes está organizada en celdas, todo ello a pesar de tratarse de un espacio para la resocialización de las adolescentes.

Dichos espacios cuentan con ventilación inadecuada donde tampoco se garantiza la entrada directa de luz solar dado que las ventanas son pequeñas y están situadas a más de dos metros de altura sobre el nivel del piso. La falta actual de calefacción, la altura de los techos y la escasez de luz natural, implica que el lugar no alcance temparaturas suficientes para su adecuada habitabilidad.

Además, la institución utiliza otra celda individual para privar de su libertad a las adolescentes, propio de confinamiento solitario, que se encuentra ubicada cerca del penal de mujeres adultas. El espacio con que cuenta el calabozo es sumamente reducido. También tiene techos altos y no cuenta con ventilación ni iluminación natural adecuada. No posee baño ni la persona allí alojada puede acceder a agua corriente. Los integrantes de la Defensa Pública mencionan en el escrito de habeas corpus que mientras era realizada la inspección pudieron observar un tacho plástico de pintura de cinco litros, que contenía líquidos y desperdicios y que funciona de excusado por las noches.

En cuanto a la alimentación, la institución les provee de almuerzo y cena, no así de desayuno. Por lo que se pudo recabar en la visita, la comida suele llegar fría y que, como método de castigo algunas guardias deciden no pasar los alimentos que las familias llevan a la institución de encierro. Sobre los productos de primera necesidad, los mismos son provistos regularmente por sus familiares y/o profesionales de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. Sin embargo, al momento de la inspección hacía dos semanas que dichos profesionales no asistían a la institución, por lo que las chicas alojadas dependían pura y exclusivamente de los que sus familiares pudiesen llevarles.

Asimismo el Ministerio Público de la Defensa relevó situaciones que implican incumplimiento de los estándares mínimos en materia de volumen de aire, iluminación, salida al aire libre y movilidad. En este sentido, las jóvenes privadas de su libertad conviven de modo permanente en sus celdas, por lo que no reciben luz solar directa, no realizan ejercicios físicos al aire libre y las dimensiones no son las adecuadas para garantizar condiciones razonables para la vida de un adolescente. La participación en actividades recreativas, de esparcimiento y juegos no son garantizados por un tiempo razonable, tal como requiere un adolescente para su vida sana y plena, sino que están extremandamente limitadas y son poco variadas.

La atención médica disponible es de un día a la semana (los lunes) hasta horas del mediodía. No está garantizada la atención médica y psicológica permanente. Los lunes feriado o cuando la médica está de licencia pueden pasar dos semanas sin realizar la visita a las jóvenes. Por lo tanto, el acceso a la salud se encuentra restringido en cuanto a la falta de consulta médica y de servicios odontológicos, ausencia de seguimiento clínico, falta adecuada de medicación y controles de los pacientes en su tratamiento, según lo recabado por los integrantes de la Defensa Pública.

Por otro lado, las jóvenes manifestaron haber sido objeto de torturas y malos tratos policiales durante su detención y en las primeras horas de privación de libertad en una dependencia de la policía provincial. Las alegaciones recibidas son coincidentes con numerosos testimonios recibidas en otros lugares de detención que resultan plenamente corroboradas por la información relevada por el Registro Provincial de Torturas, Malos Tratos y demás afetaciones a los DDHH del Ministerio Público de la Defensa. Estos hallazgos ponen en evidencia la inexistencia en el sistema en su conjunto, incluyendo las instituciones de Justicia Penal Juvenil, de mecanismos adecuados para la detección proactiva de hechos como los aquí descriptos, su documentación, producción, preservación de evidencia, litigio y por ende, sanción.

Sobre la presentación del habeas corpus en favor de jóvenes que son privados de su libertad de forma sistemática, el encargado de la Secretaría contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa manifestó que son interpuesto con el objetivo de “denunciar los hallazgos sobre las condiciones de detención por un lado y torturas y malos tratos tanto dentro como fuera del establecimiento".  En relación al recurso actual, el también criminólogo expresó que “comparativamente las mujeres siempre soportaron condiciones de detención más gravosas que los varones”. Al mismo tiempo señaló que las mujeres adolescentes detenidas en la planta alta de la Comisaría 7ma. “están peor que nadie en términos de condiciones dado que es un lugar absolutamente inadecuado para que una joven sea alojada, es un lugar de privación de libertad con largas horas dentro de las celdas, sin acceso a la escuela, que no es funcional al adolescente”.

Por otro lado también hizo hincapié en la prácticamente nula cantidad de profesionales especializados de la Dirección de Justicia Penal Juvenil que se encuentran trabajando dentro del establecimiento y cuyo requerimiento es fundamental para el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal. En este sentido relató una situación de conflicto interno sucedida el sábado último que fue resuelta por la policía cuya responsabilidad en el penal es simplemente de custodia. De todos modos, hasta el día de la inspección no había intervenido ningún profesional de la Dirección Penal de Justicia Juvenil y tampoco había asistido un médico al establecimiento.

Para finalizar, Font dijo: “hay un abandono por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia en el abordaje de la situación que genera el propio Estado provincial  al privar de libertad a las adolescentes, quitarles  todos sus derechos, mantenerlas encerradas,  sin atención médica permanente, sin educación, alejadas de su familia, entre otras cuestiones. Llegando incluso a una situación que en los hechos implica el confinamiento en solitario de una adolescente durante períodos prolongados”. Y agregó que “el problema no es solo físico sino que hay ausencia de recursos humanos y programas para abordar adecuadamente el declamado objetivo de rehabilitación de las adolescentes”.

Es por ello que la Defensa Pública solicitó en el habeas corpus que se haga cesar el agravamiento arbitrario de las condiciones de detención de la totalidad de las internas. Además pidió que se proceda a la readecuación inmediata del referido lugar de encierro. E insistió con que se avance en brindar actividades adecuadas y suficiente esparcimiento, educación, capacitación, deporte, acceso al aire libre y planes personalizados de rehabilitación para todas las jóvenes privadas de libertad, para hacer cesar el trato cruel, inhumano y degradante que sufren actualmente.