En el marco del 159° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ministerio Público de la Defensa participó de la audiencia temática “Situación de Derechos Humanos y sistema de justicia juvenil en Argentina”. La representación de la Defensa Pública estuvo a cargo del Secretario Privado, Dr. Marcelo Marasca y la Jefa de Sector Legal y Técnica, Dra. María de los Ángeles Cáceres.  Por su parte, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe participó de la mesa debate, representado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Dr. Ricardo Silberstein, Secretario de Coordinación Legal Dr. Leandro Maiarotta, Subsecretario de Asuntos Penales Dr. Lisandro Martínez Gorostiaga.

Los representantes del Ministerio Público de la Defensa expusieron sobre un colectivo particularmente vulnerable como lo son los niñas, niños y adolescentes dada la especial situación en que se encuentran sus integrantes: todos ellos están inmersos en un proceso de crecimiento y desarrollo que exige una excepcional atención y protección. La misma fue realizada ante el presidente de la CIDH y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro; el 1er. Vicepresidente y Relator para Argentina, Francisco Eguiguren; la 2da. Vicepresidente, Margarette May Macaulay; el Comisionado Paulo Vannuchi; y la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi – Mershed.

En este sentido, los miembros de la Defensa Pública manifestaron que los niños pobres,especialmente, sufren en la Provincia de Santa Fe detenciones ilegales y situaciones de violencia institucional de manera estructural y generalizada. “Se trata -dijeron- de un fenómeno que constituye una preocupación insoslayable que genera gravámenes irreparables y que exigen respuestas urgentes y concretas”.

Durante el inicio de la audiencia, la Dra. Cáceres indicó que preocupa a la Defensa Pública “el uso ilegal de la fuerza por parte de la policía de la Provincia al detener niños, niñas y adolescentes, las torturas por ellos sufridas en manos de agentes del Estado, el alojamiento de estos en lugares no aptos, la falta de comunicaciones debidas y algunas otras situaciones de las cuales los jóvenes no punibles son víctimas del arbitrario e irracional accionar estatal que se agrava por la ausencia de control político y judicial sobre todas estas prácticas violatorias de derechos fundamentales”.

Entre los principales hechos denunciados por la Defensa Pública radican, en un primer punto en las detenciones ilegales que sufren niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Santa Fe. Marasca indicó que el organismo “ha detectado a partir de una política institucional activa contra la tortura una práctica habitual en la detención de menores de 18 años de edad por parte de las fuerzas de seguridad provincial”. De esta manera, trajo a colación los casos emblemáticos de B.F, D.S, y T.M. Allí, el Secretario Privado señaló que estos hechos “demuestran un patrón común, responden a un accionar estructural y generalizado que se replica en muchos casos” agregando que “es tal la ilegalidad de estas detenciones que la ausencia de comunicación a las autoridades correspondientes impide a esta Defensa Pública tomar conocimiento de todas estas privaciones de libertad”.

Del mismo modo, el Ministerio Público de la Defensa indicó durante la sesión que los niños, niñas y adolescentes son alojados en lugares no aptos, “tanto en situaciones de detención ilegal o de aquellas que originariamente fueron legalmente fundadas que transforman en arbitraria e ilegítima esa privación de libertad o la agravan considerablemente”. Esta situación ameritó presentaciones judiciales por la Defensa Pública en favor de los adolescentes alojados en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR), la Dirección de Asuntos Juveniles (DAJ) de la ciudad de Santa Fe y el Pabellón Juvenil de la Cárcel de las Flores también en Santa Fe donde los puntos más críticos relevados fueron los relativos a la superpoblación y hacinamiento, condiciones edilicias inadecuadas, mala alimentación, carencias en materia sanitaria, falta de acceso a la educación, ausencia de oportunidades de recreación, entre otras.

Otro de los puntos informados por la Defensa Pública durante la audiencia está relacionado con la falta de comunicaciones a autoridades administrativas, judiciales y familiares. Estas sucesivas prácticas descriptas de detenciones ilegales a niños, niñas y adolescentes sin orden judicial, con traslados a lugares no aptos para su alojamiento y ocultas del control de las autoridades judiciales, administrativas y de los familiares se constituyen como una condición de posibilidad para la ocurrencia de gravísimas situaciones como las aquí descriptas.

De todos modos, tanto Cáceres como Marasca pusieron énfasis en violaciones a los derechos humanos de todos estos jóvenes como consecuencia de las torturas, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes a los que son sometidos cuando entran en contacto con el sistema punitivo del Estado. Por ello, manifestaron lo expuesto en los puntos anteriores y de acuerdo al Registro Provincial de Casos de Tortura y demás afectaciones a los Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa, la Provincia de Santa Fe no tiene mecanismos para detectar, prevenir, sancionar y erradicar la tortura como así tampoco para reparar y rehabilitar a las víctimas. De esta forma incumple con lo ratificado por el Estado Argentino que incorporó a nuestra Constitución Nacional, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes.

Es así que por todo los hechos  expuestos, los representantes del Ministerio Público de la Defensa solicitaron que la CIDH recomiende al Estado hacer cesar las detenciones ilegales de niños, niñas y adolescentes, que se creen establecimientos aptos o se adecuen los existentes a fin de garantizar a los jóvenes de la provincia un trato digno y respetuoso con respecto su integridad física, que se extremen las medidas para garantizar la comunicación inmediata a la autoridad administrativa, judicial y familiar. Asimismo pidieron que se advierta al Estado para que ponga en marcha un mecanismo provincial contra la tortura como así también se extremen las medidas para detectar, registrar y sancionar la tortura como así también para direccionar recursos para rehabilitar y reparar a la víctima como así también se adecúen las medidas para los efectivos controles judiciales de derechos sufridos por niños, niñas y adolescentes. Asimismo pidieron que sea garantizado efectivamente en todo proceso judicial que afecte el derecho de los jóvenes la plena vigencia de las garantías del debido proceso y el derecho a ser oído con el asesoramiento de un defensor técnico especializado y autónomo. Por último Marasca y Cáceres realizaron una petición concreta y especial a los fines de que la CIDH  al Estado asegurar a los miembros de la Defensa Pública y a las organizaciones sociales y a las víctimas que no sufrirán ningún tipo de represalia de parte de las autoridades provinciales como consecuencia de dichas acciones, ello en tanto preocupa a estos miembros la reciente suspensión en sus funciones del Defensor Provincial, Dr. Gabriel Ganón.

A su turno, el Estado santafesino, representado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, disertó sobre la temática. Sin embargo, de los puntos referidos por los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, poco aportó y terminó dejando dudas entre los integrantes de la CIDH. En este sentido, realizó una exposición donde brindó datos sobre la cantidad de jóvenes privados de su libertad en el territorio provincial, pareciendo que pretendía justificar los graves casos y situaciones con que “no eran tantas”, como así también las distintas intervenciones de la administración de justicia en las causas relatadas por la Defensa Pública.

Cabe destacar que luego del debate,  la 2da. Vicepresidente de la CIDH, Margarette May Macaulay advirtió al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, sobre la política de encierro de niños, niñas y adolescentes y observó al ministro Silberstein que lo que el propio Estado reconocía era de por sí muy grave. Del mismo modo, Cavallaro pidió a la Defensa Pública que explique cuales son los mecanismos sistemáticos de detención de jóvenes, a lo que Marasca respondió que la mayoría de estos se realizan para “averiguación de antecedentes”, lo que supone una práctica arbitraria por parte de la autoridad policial.

Durante su presentación, el representante del Estado santafesino, hizo reiteradas menciones al origen “socialista” del actual gobernador provincial como de la intendenta de Rosario -principal ciudad de la provincia- como si esto en sí mismo deviniera automáticamente en prácticas justas para la erradicación de las violaciones a los derechos humanos al colectivo de niñas, niños y adolescentes. También al final hizo una cita autorreferencial diciendo que él fue cesanteado por la dictadura militar (cívico-militar) y que miembros de su gabinete habían estado detenidos durante la misma para establecer su posición personal y la de sus colaboradores con respecto a la tortura y las demás violaciones a los derechos humanos. No se pone en discusión -por lo menos no en esta audiencia- la opinión personal del ministro y sus colaboradores, sino qué  hace efectivamente el ministerio de Justicia y el Estado santafesino para prevenir y erradicar las torturas y demás afectaciones a los derechos humanos al colectivo más vulnerable de la sociedad.

También el ministro reconoció en su alocución que muchas de las intervenciones que se habían hecho y las que se iban a hacer por  el Estado santafesino fueron producto de los Habeas Corpus presentados por la Defensa Pública y que, aún así, no era suficiente, especialmente en lo que respecta al control de la policía provincial. Un párrafo aparte merece la argumentación de que las detenciones en la vía pública por averiguación de identidad se van a erradicar por contar a futuro con patrulleros equipados con tecnología para identificar rápidamente a las personas como si ése fuera el centro del problema de las detenciones arbitrarias.

Concluyendo, este argumento expositivo por parte del Estado provincial, giró sobre dos ejes:

a) no son tantos -en el caso de las adolescentes detenidas en Rosario dijo que “eran sólo cinco”- los casos de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes

b) somos buenos porque el gobierno es “socialista” y hay dos colaboradores suyos que estuvieron detenidos durante la dictadura

Esperamos ansiosos, como toda la sociedad santafesina, el dictamen final de la CIDH

Adjunto: Exposición completa ante la CIDH.pdf