El Consejo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal se manifestó contra el proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 26.052 que transfiere a la Provincia de Santa Fe la persecución penal del narcomenudeo.

La reunión se desarrolló ayer en el Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe, presidida por la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, y con la participación de los consejeros representantes del Senado Provincial, Defensores Públicos, Colegio de Abogados de la primera y segunda circunscripción, Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Asociación Santafesina de Apoyo a las Personas con Trastornos Mentales (ASAPEM), Mujeres tras las Rejas, y Defensorias Regionales.

El orden del día presentaba la discusión sobre la adhesión a la Ley Nacional como primer punto. Abriendo la jornada, la Defensora Provincial puso a consideración del órgano asesor del SPPDP la intención hecha pública por las autoridades provinciales de adherir a la provincialización de la persecución e investigación de los delitos relativos al narcomenudeo, consultando la postura de cada uno de los integrantes. Por amplia mayoría, los consejeros se manifestaron en contra de la iniciativa parlamentaria.

Si bien cada uno de los integrantes siguió su propia línea de fundamentación, se compartió en términos generales la preocupación por el tratamiento exclusivamente penal de los problemas vinculados a los últimos eslabones de la cadena de estupefacientes.

En general, preocupa la falta de acceso a otras políticas de Estado para dar respuesta a la problemática que afecta la salud pública, teniendo en cuenta además que la provincialización del delito no lleva a una solución, ya que la complejidad del fenómeno abarca diversas facetas que exceden la competencia provincial, debiendo contemplarse también la cantidad de causas en relación a los recursos existentes, el anclaje constitucional de la competencia federal y el impacto que podría esperarse en la eficacia de la persecución penal delineada por las autoridades nacionales.

Es que, la intención de criminalizar el narcomenudeo roza necesariamente con la criminalización del consumo. Se advirtió que quienes tienen pequeñas dosis de estupefacientes son consumidores habituales o pequeños vendedores según el criterio que se decida adoptar en cada caso individual.

Por otro lado, el problema de la droga resulta hoy competencia de la Justicia Federal en función de la complejidad que presenta, los enormes volúmenes de recursos económicos y logísticos que implica, su carácter transprovincial y transnacional. La adhesión a la Ley Nacional implica escindirlo en innumerables pequeñas causas orientadas a encerrar a los últimos puntos de consumo y venta.

En términos generales, compartieron que el desmantelamiento de carteles de producción, tráfico y transporte de estupefacientes no se resiente en lo más mínimo cuando se encarcela a un micro vendedor-consumidor ya que son automáticamente reemplazados por otros jóvenes o mujeres (dos sectores vulnerables que cumplen por lo general ese rol).

Los puntos siguientes del orden del día referían a cuestiones legislativas. El Consejo debatió el ante proyecto de Ley de Defensa integral, como así también evaluaron el estado parlamentario del proyecto de ley que crea el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública de la Provincia de Santa Fe, de autoría del Senador Calvo, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores.

Otro punto que se  trató en la sesión, fueron los convenios celebrados con el Colegio de Abogados de Rosario, realizándose tratativas para la implementación de compromisos semejantes con el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción.

La próxima sesión del organismo será celebrada en la ciudad de Rosario el día  31 de julio en la ciudad de Rosario.