En el día de ayer, jueves 27 de abril de 2017, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe informó acerca del traslado de 120 personas privadas de su libertad en comisarías y subcomisarías de la ciudad de Rosario con destino hacia unidades penitenciarias del Sur provincial.

Dicha decisión le fue comunicada a la Defensoría Regional de la 2° Circunscripción Judicial (Rosario) del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) quien se encargó de evaluar la situación de cada detenido, previa consulta con sus respectivos Defensores Públicos y Públicos Adjuntos, a los fines de que el traslado hacia una unidad penitenciaria de la zona no agrave su situación de encierro.

No obstante, este SPPDP observa con beneplácito la política ejecutada por el Ministerio de Seguridad en cuanto a la reducción del número de presos en las seccionales policiales de la ciudad de Rosario. Esta decisión del Poder Ejecutivo es producto del diagnóstico, trabajo y compromiso de la Defensa Pública de la Provincia de Santa Fe, quien logró el objetivo de fijar judicialmente un cupo legal y constitucional en dependencias policiales para el alojamiento de internos a través de la interposición de una recurso de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de las personas privadas de su libertad en las comisarías y subcomisarías de Rosario en el año 2014.

En noviembre del año 2016, la Jueza Penal del Colegio de Jueces de la 1° Instancia de Rosario, Dra. Mónica Lamperti, ordenó que para inicios de 2017, no haya más de 212 personas alojadas en las dependencias policiales y que el grueso de las mismas sean derivadas a la órbita del servicio penitenciario provincial.

Esta situación comenzó a materializarse en diciembre de 2016 mediante el traslado realizado por el Ministerio de Seguridad de más de casi 300 internos de las comisarías y subcomisarías de la ciudad de Rosario a la Unidad Penitenciaria N° 11 de la localidad de Piñero.

Además, durante este proceso fueron demolidos viejos penales de las Comisarías y Subcomisarías de Rosario mientras que otros espacios de detención en seccionales quedaron inhabilitados por orden judicial que decretó la prohibición de ingreso de detenidos. Al día de hoy, sólo quince comisarías están en condiciones de alojar personas detenidas.