Cada 8 de mayo se conmemora el “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional”. La fecha fue establecida por la ley nacional nro. 26.811 para recordar a las víctimas de la Masacre de Budge, un capitulo trágico y no aislado en la historia del gatillo fácil en la Argentina. Asimismo, invita a recordar a todas las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad y a promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad.

Uno de los principales ejes de acción del Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP-, gira en torno a la detección, denuncia, litigio y registro de casos de violencia institucional. Vale mencionar la organización de áreas específicas de trabajo y la asignación de recursos materiales y humanos orientados al cumplimiento de dichos fines, como son: el Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos, la identificación de funcionarias/os responsables de la aplicación del protocolo de actuación en casos de violencia institucional, el Programa de asesoramiento integral y acompañamiento de personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad; todo ello sumado al compromiso y labor de las/os integrantes del SPPDP (Defensoras/es, funcionarias/os, empleadas/os, contratadas/os).

Desde el año 2014, el SPPDP releva las víctimas de violencia institucional de la provincia de Santa Fe, de acuerdo a lo establecido por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Entre el año 2020 y el 2021 se registraron un total de 66 muertes en contextos de encierro, de las cuales 52 ocurrieron en dependencias del Servicio Penitenciario y 14 en dependencias policiales. De estas, 44 muertes fueron tipificadas como causa violenta y 22 como causas no violentas. En relación a las edades de las víctimas fatales se observa que el promedio de edad es 37 años, y que el 50% de los fallecidos tenía menos de 32 años de edad. Del total de muertes acaecidas en estos 2 años cabe destacar que 62 fueron hombres y 4 mujeres.

Vale destacar que, en respuesta a esta gravosa situación, la Defensa Pública y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe suscribieron un inédito e importante convenio de cooperación para capacitar a fuerzas policiales y favorecer la prevención de hechos de violencia institucional. El mismo resulta una acción fundamental en la adopción de garantías de no repetición por parte del Estado, en el marco del sistema regional de protección de los Derechos Humanos.

Además, bajo la convicción de que las acciones de formación profesional resultan fundamentales para el abordaje de esta problemática, desde el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública se encuentra en curso la tercera edición del seminario anual “Abordaje integral de la Violencia Institucional”. Este espacio de formación y capacitación de operadores judiciales y actores del sistema penal, tiene como objetivo profundizar conocimientos y brindar herramientas útiles para contener el fenómeno, eliminar los vestigios de violencia estatal y tender a la defensa de los Derechos Humanos.

Desde la perspectiva del organismo, los principales desafíos proyectados para la erradicación de este tipo de violencia estructural y sistemática, consisten en disminuir los índices de impunidad, enfrentar la selectividad del sistema penal, erradicar malas prácticas en el ámbito policial, tender a la concientización social sobre la gravedad del uso desproporcionado o desmedido de la violencia, explicar la problemática a la opinión pública, producir información confiable, y desarrollar una agenda integral e intersectorial para su abordaje.

En este día tan doloroso de la historia nacional redoblamos el compromiso de la Defensa Penal Publica de Santa Fe para prevenir y contener este fenómeno el cual constituye una de las más graves injusticias y heridas de nuestra época.