En Argentina, la Masacre de Budge ha sido el punto de inflexión en la lucha contra la violencia institucional. El 8 de mayo de 1987, Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera, tres jóvenes de barrio que se encontraban tomando una cerveza en una esquina de la localidad de Ingeniero Budge -Provincia de Buenos Aires-, fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense. Así, quedaba inscripto el primer hecho denominado de “gatillo fácil” en nuestro país. A partir de entonces, familiares y vecinas/os de las víctimas se organizaron para esclarecer los hechos y pedir justicia. El activismo y la fuerza de la “Comisión de Amigos y Vecinos de la Masacre de Budge” fue reconocida por la Ley 26.811 -sancionada en noviembre del 2012 y promulgada en enero de 2013-, la cual instituyó el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional con el objeto de «recordar todas las violaciones a los derechos humanos ocasionados por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los Derechos Humanos».

En el Estado Constitucional Democrático, los conceptos de justicia y seguridad resultan inescindibles de los Derechos Humanos, y por lo tanto, las fuerzas de seguridad deben estar al servicio de su protección y defensa. Sin embargo, en la región, continúan relevándose distintos tipos de agresiones que dan cuenta de resabios de una cultura policial autoritaria centrada en la represión.

El Estado se aparta de su función en materia de Derechos Humanos no sólo cuando los medios de los que dispone implican violencia contra la ciudadanía, sino también cuando, como garante y protector de esos derechos y depositario de la coacción, no se organiza de manera que esas agresiones sean razonablemente prevenidas y, de producirse, sean adecuadamente resarcidas y sancionadas.

Asumiendo su responsabilidad, uno de los principales ejes de acción del Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- gira en torno a la detección, denuncia, litigio y registro casos de violencia institucional policial, penitenciario y del Estado, el cual se encuentra documentado en el Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos.

Desde el año 2014, el SPPDP releva las víctimas de violencia institucional de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo a lo establecido por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por la Argentina en noviembre de 2004, y las recomendaciones que el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas y el Protocolo Facultativo refieren en la misma Convención.

De los informes elaborados por la Subsecretaría del Registro de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos se desprende que desde el año 2014 al 2020 fueron registradas 3.734 víctimas y un total de 6.386 tipos diferentes de prácticas de torturas, malos tratos y demás afectaciones a los DDHH. Sin embargo, el 47% del total de víctimas registradas no quiere llevar adelante una denuncia formal. Golpes, golpizas, balas de goma y gas pimienta, picana, puntazos o cortes, asfixia, submarino seco, quemaduras, abuso sexual, duchas de agua, fría, torturas y tormentos psicológicos, extorsión y amenazas varias, son algunos de los métodos de violencia ejercidos por uniformados en los que pueden observarse claros patrones de selectividad que responden a criterios sociodemográficos y socioespaciales que afectan especialmente a varones jóvenes empobrecidos.

Redoblando esfuerzos en la lucha contra este flagelo, el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública se encuentra desarrollando el seminario anual “Abordaje integral de la Violencia Institucional”, con cuerpo docente de alto prestigio académico. Este curso no se orienta solamente a la formación y capacitación de operadores judiciales y actores del sistema penal, sino que además persigue el objetivo de eliminar todo vestigio de violencia estatal y tender a la construcción de una sociedad justa, equitativa, pacífica y centrada en el reconocimiento de la dignidad humana.