A partir de la promulgación de la Ley 26.811 se celebra hoy, miércoles 8 de mayo, el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, conmemorado la Masacre de Ingeniero Budge ocurrida en el año 1987. La jornada es propicia para "recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos".

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- adhiere a la fecha y reafirma su compromiso en pos de la erradicación y sanción de la violencia estatal.

En cumplimiento del artículo 17 inc. 3 de la Ley 13.014 funciona en la órbita de la Defensoría Provincial el Registro Provincial de Violencia Institucional y Afectaciones de los Derechos Humanos. El objetivo principal de dicha Subsecretaría consiste en identificar, describir y analizar los hechos y/o situaciones que involucren violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios/as pertenecientes a las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, personal penitenciario y efectores de salud, como así también operadores judiciales, en contextos de restricción de libertad y/o autonomía.

Asimismo se realizan inspecciones periódicas a los centros de detención con el fin de evaluar el estado de situación en que se encuentran los establecimientos de encierro. Además, el SPPDP puso en marcha el protocolo de Asistencia y/o Asesoramiento a Víctimas de Violencia Institucional y demás afectaciones a los Derechos Humanos para facilitar la detección prevención, cese, protección, reparación y sanción de aquellos hechos que se dan en las instituciones provinciales.

La Defensa Pública pretende que su intervención resulte fructífera y oportuna, con el fin evitar la revictimización de las personas mas vulnerables de la sociedad santafesina, en consonancia con el cumplimiento de la misión institucional y los mandatos legales establecidos legal y constitucionalmente, de acuerdo a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y compromisos asumidos por el Estado Argentino.