Cada 25 de Noviembre se reivindica el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000 -mediante resolución A/RES/54/134-. El origen de este día se remonta a la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano, Rafael Trujillo (1930-1961).

Esta jornada invita a los gobiernos, organismos, instituciones, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, entre otros, a planificar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer (Art.2°). La importancia de este llamado a la visibilidad radica, como lo establece la Rec. N° 35 de la CEDAW, en la necesidad de reforzar la noción de las violencias por motivos de género como problema social más que individual, que exige respuestas integrales, sin perjuicio de aquellas relativas a sucesos concretos, autores y víctimas y supervivientes.

Este día, además, se estableció en un contexto donde no obstante el avance normativo internacional para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, se observaban múltiples obstáculos para la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Otro de los elementos que motivó esta disposición es la perpetuación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, que se traducen aún en la actualidad en situaciones de discriminación, subordinación, dominación y violencias que impiden el pleno desarrollo y autonomía de mujeres, niñas y -también desde una perspectiva de diversidad sexual- de las personas LGBTTI+-. En esta trama de distribución diferencial de la vulnerabilidad se reconocen además las formas de discriminaciones múltiples que sufren ciertos grupos de mujeres, y personas LGBTTI+ como las que pertenecen a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que viven en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres de edad y las mujeres en situaciones de conflicto armado. Desde esta mirada interseccional estos colectivos requieren de especiales medidas de protección.

En Argentina en el año 2009 a través de la Ley N.º 26.485 se sancionó el Sistema de Protección Integral de las Mujeres. No obstante esta conquista legal, en el año 2015 emergió el movimiento “NI UNA MENOS”, a partir del cual miles de mujeres y personas LGBTTI+ se organizan para reclamar por su derecho a una vida libre de violencias ante el carácter sistemático de las violencias machistas y de los femicidios. En el año 2018 y en respuesta al Feminicidio de Micaela Garcia se sancionó la Ley N.º 27.499 “Ley Micaela” que establece la obligatoriedad de capacitación en perspectiva de género y violencias para todos los agentes del Estado en sus distintos niveles y poderes. La Provincia de Santa Fe adhirió a dicha normativa a través de Ley Provincial Nº 13.891. En este contexto el SPPDP fue pionero en el ámbito judicial en el desarrollo del curso de capacitación "Defensa Pública con perspectiva de género” el cual fue organizado por el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública y reconocido por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.  

Consideramos que en el tránsito de este camino de despatriarcalizaciòn de la justicia el SPPDP tiene ante sí una oportunidad estratégica e histórica para ser parte protagonista de este nuevo modelo genero- sensitivo en el ámbito penal. En un contexto donde predominan los enfoques punitivos y carcelarios respecto del abordaje de las violencias por motivos de género, como operadoras/es de la justicia tenemos el deber ético y constitucional de trabajar en pos de brindar mejores respuestas para las mujeres y las personas LGBTTI+. Tenemos la convicción que desde una perspectiva de derechos humanos es necesario avanzar en nuevas intervenciones y estrategias institucionales que propicien un abordaje preventivo, integral, transdisciplinar e intersectorial de las violencias por motivos de género y especialmente de la criminalización discriminatoria de mujeres y personas LGBTTI+-