El Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- muestra su preocupación en cuanto a que aún no han sido puestos en funcionamiento los centros provinciales de abordaje para personas con problemas de adicción lo que impide, en los hechos, una efectivización de la política institucional que trate la problemática de las personas con problemas de adicción a estupefacientes.

El 30 de noviembre del año 2017 la Legislatura santafesina creó mediante ley provincial 13.671 los Centros Provinciales de Rehabilitación para personas con Problemas de Adicción. No obstante, el 28 de diciembre del mismo año, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, mediante un veto propositivo -Decreto 4170/2017- creó los Centros de prevención y abordaje integral de consumos problemáticos y adicciones.

Se trata también de una problemática prevista en la Ley Nacional de Salud Mental que especifica la obligación del Estado de garantizar el acceso a la salud en sentido amplio, vinculada además con la problemática del consumo de estupefacientes.  

Durante la gestión de la Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione, planteó la necesidad y el interés de que sean respetadas las pautas del órgano nacional y que la Defensa Pública integre el Organo de Revisión de Salud Mental. 

Esta cuestión fue abordada en la reunión del Consejo del SPPDP en septiembre del año pasado, poniendo de relieve la grave situación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes, la incidencia del consumo entre quienes se encuentran privados de libertad, y la falta de instituciones que aborden la problemática.

La preocupación no resulta ajena a los Defensores, en tanto el SPPDP ha asistido a una gran cantidad de personas en conflicto con la ley penal que poseen problemas de adicción a distintas sustancias estupefacientes. En las audiencias que se desarrollan diariamente los Defensores Públicos y Defensoras Públicas de este organismo solicitan un tratamiento ambulatorio que oficie como red de contención para su defendido, posibilitando la reinserción social.

Máxime cuando estadísticas recientes, como las publicadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, acreditan que un 70 por ciento de los jóvenes censados sustrajo objetos o dinero del hogar familiar para adquirir sustancias psicoactivas, al tiempo que 9 de cada diez dijeron que fue ese delito el primero que cometieron. De allí se sigue que es el consumo de esas sustancias lo que ha dado origen y fundamentos a una vida de conflicto con la ley penal, y que una buena forma de reducir la incidencia delictiva es prevenir y erradicar esa problemática de consumo.

Sin embargo, en Santa Fe, la mayoría de los centros de atención son privados y deben ser costeados por el defendido. En el caso de los efectores públicos, los cupos se encuentran sobrepasados y concentrados territorialmente, generando así la imposibilidad de alojar a nuestros asistidos. Vale destacar que la Defensa Pública asiste en su mayoría a personas en situación de vulnerabilidad extrema, tanto social como económica.

Por todo ello, la Defensa Pública continúa con el reclamo por el adecuado tratamiento de la problemática, siendo materia de atención de la Defensoría Provincial, del Consejo del SPPDP y del cuerpo de Defensores. Esta Institución, así como propuso y urgió a la creación del órgano provincial de Revisión Salud Mental (hoy previsto mediante Ley n° 13.733), reclamó la creación de nuevos lugares de atención, controló las condiciones de tratamiento e interpuso los Hábeas Corpus colectivos y correctivos cuando los mecanismos vigentes vulneran los derechos humanos de los pacientes -como el recurso interpuesto oportunamente en favor de las personas que se encuentran internadas en el Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Avila-, continuará con las tareas de monitoreo y control, con la registración de las afectaciones observadas y avanzando en un proyecto de Ley superador que permita revestir de adecuadas garantías judiciales a quienes se encuentran en situaciones que requieren la intervención en la órbita civil y tutelar.

El SPPDP considera que igual compromiso cabe esperar de los restantes poderes del Estado frente a la situación de emergencia que atraviesa nuestra ciudadanía, debiendo procurarse la más ágil solución.