La Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, participó de las IX Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial, encuentros que tuvieron lugar en el Hotel Alejandro I de la ciudad de Salta los días jueves 3 y viernes 4 de noviembre.

Las Jornadas se encuentran organizadas en conjunto por la Defensoría General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa de Salta, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADePRA) y el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

El acto de apertura estuvo a cargo de la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, quien disertó sobre la “evolución y consolidación de la defensa pública autónoma”. Vale remarcar que de las conferencias y paneles participaron las máximas autoridades de los ministerios públicos, Defensoras y Defensores, y prestigiosos juristas y funcionarias/os. Se abordaron temas relativos a los fueros penal y civil, entre ellos, estrategias de defensa en casos de violencia de género, personas con discapacidad psicosocial, cuestiones actuales sobre régimen penal juvenil, justicia restaurativa, monitoreo en centros de detención y lugares de alojamiento, prevención y registro de violencia institucional, medidas excepcionales en protección de derechos, entre otros.

El SPPDP tuvo representación y voz a partir de la exposición de la Defensora Provincial, quien participó del panel: "La igualdad de armas. Balance y desafíos del sistema acusatorio". En ese sentido, consideró que el debate constituye una buena oportunidad para analizar y reflexionar en torno a las promesas fundacionales de la reforma adversarial, ya que ello obliga romper con la ilusión de un modelo de persecución penal ideal.

Al respecto, indicó que la reforma procesal penal santafesina ha logrado consolidarse como una política pública de largo plazo que otorga mayores garantías a la ciudadanía. Sin perjuicio de ello, explicó que el camino para su plena implementación es complejo, con  avances y retrocesos, que implican una redefinición de viejos problemas con la identificación de otros nuevos, pero también el surgimiento de innovadoras perspectivas y herramientas.

A partir de ello ubicó como ejemplo la falta de igualdad de armas entre defensa y acusación tanto en el plano normativo como operativo. Puso de relieve la existencia de barreras que obstaculizan un efectivo despliegue del Derecho de Defensa como por ejemplo la desigual asignación de recursos entre la Defensa Pública y el Ministerio Publico de la Acusación (en favor de este último).

En el mismo orden de ideas, detalló que para alcanzar una defensa efectiva, la igualdad de armas supone contar con el personal suficiente, contar con incentivos suficientes en la carrera de las/os Defensoras/es, disponer de medios técnicos suficientes para poder controvertir la prueba de cargo y reproducir los hechos que se invocan, tener acceso a servicios periciales para construir teorías del caso y desarrollar investigaciones propias; pero asimismo, obtener el acceso a tecnologías de la información y comunicación que permita potenciar las capacidades de gestión de la Defensa y de las/os defensoras/es para la toma de decisiones.

A partir de lo expuesto, concluyó que la igualdad de armas, si bien tiene sus dimensiones procesales, también supone una serie de aristas de tipo institucional y políticas. En el contexto actual, a la luz del marco convencional de Derechos Humanos, es un imperativo ético -pero también jurídico- tener plena conciencia sobre los efectos sociales y políticos del funcionamiento de la justicia penal. Por último, que no debe descuidarse la defensa plena de estos principios, dado que se han producido diversas contrarreformas, al servicio del populismo punitivo. Para ello, es necesario tener una mirada global de la situación, enfocando también los problemas de la selectividad del sistema y desarrollar propuestas efectivas en relación al aumento del encarcelamiento, la situación de las personas encarceladas y la violencia institucional que atentan contra el Estado de Derecho.