En el día de hoy, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP-, por medio de las Defensoras Públicas Dras. Leticia Feraudo y Virginia Segado, logró un fallo absolutorio por legítima defensa en contexto de género en favor de T.C., una mujer de la localidad de San Javier acusada por el homicidio de su pareja.

El hecho se produjo en el año 2020, y tanto el Ministerio Público de la Acusación como la querella solicitaron la pena de prisión perpetua para T.C. No obstante, durante todas las audiencias de juicio, la Defensa Pública aportó suficiente material probatorio que daban cuenta de los episodios de violencia de género padecidos por T.C.

En este sentido, familiares, amigos y allegados a la mujer, enumeraron los diferentes sucesos de persecución, hostigamiento y agresiones tanto físicas como verbales que pudieron ser probadas durante las diversas instancias orales.

Al mismo tiempo, se acreditó que los maltratos padecidos provocaron a T.C. trastornos de salud mental que la obligaron a requerir licencias laborales por depresión y migrañas. Vale remarcar que la mujer pertenece a la fuerza policial provincial y cumple funciones en la ciudad de San Javier.

Transcurridas las jornadas de juicio, el Tribunal Pluripersonal de Santa Fe, integrado por los Jueces de 1º Instancia, Dres. Leandro Lazzarini, Octavio Silva y Pablo Ruiz Staiger, resolvió absolver -por unanimidad- a T.C. por encontrarse acreditado que el hecho atribuido ocurrió en el marco de una legítima defensa en contexto de género.

Si bien los fundamentos se encuentran pendientes de publicación, debe reconocerse el compromiso y trabajo ejercido por las Defensoras Públicas; como así también la política institucional de la Defensa Pública en la materia, la cual hoy se encuentra cristalizada en la resolución sobre “estándares de defensa con perspectiva de género” recientemente actualizados por disposición de la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione. Asimismo, vale destacar el afianzamiento institucional logrado a partir de los habituales encuentros de trabajo orientados a la construcción de criterio común sobre el funcionamiento de la Defensa Pública. En este sentido, cabe reconocer el valor y utilidad de los cursos obligatorios del Instituto de Capacitación de la Defensa Pública en armonía con lo dispuesto por la Ley Micaela.