Convocatoria: Convenio Sistema de Prestadores Defensa Técnica entre CASF y SPPDP
El Colegio de Abogados de Santa Fe (CASF) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) a través de un Convenio marco han implementado el Sistema de Prestadores de Servicios de Defensa Penal Técnica, posibilitando la contratación de abogados por parte de las personas sometidas a proceso penal con capacidad económica limitada. Se favorece, de ese modo, la capacitación y especialización continua en materia penal de los matriculados.
Período de Inscripción: 10/06 al 21/06 en Mesa de Entradas del Colegio de Abogados (3 de Febrero 2743 de la ciudad de Santa Fe).
Requisitos de ingreso:
Para inscribirse en la lista de postulantes a ingresar al SISTEMA DE PRESTADORES los abogados matriculados deberán acreditar:
a) Su matriculación por ante el Colegio de Abogados de la 1ra. Circunscripción, con una antigüedad en la matrícula no menos de 3 (tres años) años calendarios, computados al momento de cierre de la inscripción;
b) no registrar sanciones disciplinarias impuestas por el Tribunal de Ética;
c) Buenos antecedentes de conducta mediante informe de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación;(*)
d) No hallarse incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos mediante certificación de la oficina respectiva; (*)
e) No encontrarse concursado ni quebrado, mientras no sea rehabilitado, mediante informe del registro con competencia en el domicilio del postulante (*);
f) Realizar una declaración jurada en la que conste la actividad profesional realizada en materia penal a la fecha de inicio de la inscripción, conforme formulario que a tal efecto confeccionará la Dirección Ejecutiva.
g) Fijar un domicilio en la o las localidades de la circunscripción en las que se ofrezca a actuar como prestador del sistema.
Se adjunta Formulario de inscripción para ser llenado y presentado en Mesa de Entradas CASF.
De esta forma, ambas instituciones renuevan el compromiso mediante este instrumento a fin de allanar la posibilidad de contratar a un abogado de confianza a personas con capacidad económica limitada.