En virtud de los hechos de público conocimiento sucedidos en la ciudad de Rafaela, desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal expresamos nuestro penar por el fallecimiento del joven Gonzalo Glaría y la triste situación que atraviesan sus familiares y amigos. Asimismo, comprendemos y compartimos el reclamo por una sociedad más  segura, y el legítimo derecho de manifestarse pública y pacíficamente.

Sin embargo, desde el Servicio Público de Defensa Penal abogamos por encauzar el reclamo por la justicia en su ámbito, frente a los jueces, concediéndoles a estos la libertad de decidir conforme a su conciencia sin otro límite que la Ley. Genera preocupación la posibilidad de desconocer las instituciones frente al descontento o la discrepancia de decisiones que no han tenido aún, siquiera, la oportunidad de exponer sus fundamentos.

No tendremos mejor justicia, ni mejores jueces, si les exigimos a estos que prescindan del derecho frente al clamor popular.  

Ese reclamo por mesura resulta de mayor trascendencia para los operadores públicos, que tenemos la responsabilidad delegada de bregar por los bienes jurídicos de la sociedad, con las obligaciones inherentes a cada rol.  A los Fiscales que tienen el deber de obrar objetivamente y explicar a los afectados los límites que impone la Ley, a los Defensores que deben obrar garantizando la vigencia de las garantías de sus asistidos durante todo el proceso para garantizar que no haya pena sin delito, ni más allá de lo que pesa el reproche al individuo; y a los jueces que deben garantizar que la Ley prevalezca como última garantía de paz social.

Resulta también importante recordar que le cabe a la Justicia resolver sobre lo sucedido, y al gobierno impedir y prevenir el delito. Cada causa abierta es el espacio donde los actores públicos debemos reconocer las limitaciones que tenemos para desarrollar nuestras tareas, en tanto existen cada vez que no se ha logrado eficacia en la prevención, y se encuentran abiertas en tanto no se ha logrado aún su resolución.

Por ello, a la ciudadanía le resta aguardar que ese proceso transite con la mayor transparencia y celeridad posible, y a los operadores de la Justicia nos toca trabajar con apego a la ley y con debida responsabilidad. En momentos de justificado dolor y malestar social es donde más prudencia debemos reunir a la hora de actuar y brindar explicaciones para no generar mayor confusión y consternación