Es un momento propicio para recordar que “la reforma” giró sobre la base de principios republicanos y en la defensa irrestricta de los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.

Su puesta en marcha comenzó en el año 2007 a partir de la sanción del Código Procesal Penal y otras normativas que impulsaron el cambio hacia un modelo de enjuiciamiento de corte acusatorio y adversarial, muy distinto al esquema inquisitorio que rigió hasta el 2014. El nuevo sistema se estableció a partir del respeto por los principios de oralidad y contradicción dotandole autonomía a los órganos que se crearon y posibilitando además una justicia penal rápida, transparente y abierta al público.

Con ello, fueron creadas nuevas instituciones dentro de la justicia penal -autónomas funcionalmente e independientes- las cuales ejercerían las funciones jurisdiccionales de acusar -Ministerio Público de la Acusación- y de defender -Servicio Público Provincial de Defensa Penal-.

Como sostuvo la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, en el IX Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal realizado en la ciudad de Venado Tuerto (2022), es preciso destacar el rol clave que logró la Defensa Pública, a partir de la efectividad y la eficiencia, consolidándose como un servicio de calidad en lo que acceso a justicia refiere. Vale tener presente que más del 90% de las causas penales provinciales es llevada adelante por defensoras/es públicas/os.

No obstante, se pone de relieve que aún existen barreras que obstaculizan un efectivo despliegue del Derecho de Defensa, debiendo hacerse hincapié en la necesidad de recobrar la racionalidad que debe campear en el sistema y la inspiración en el derecho penal liberal. La vorágine diaria puede conducir a vestigios del sistema anterior, como por ejemplo: el uso excesivo de la prisión preventiva y del juicio abreviado, entre otros; al tiempo que la desigualdad de armas -desde una mirada multidimensional- entre defensa y acusación se observa no sólo en el plano normativo sino también en el plano operativo.

Asimismo, la provincia de Santa Fe aún debe plantear el debate sobre la necesidad de implementar un esquema de Defensa Pública integral, que promueva un paradigma de prevención social del delito haciendo foco en la gestión adecuada de los conflictos y en la erradicación de sus causas subyacentes.

Este sistema permitiría brindar respuesta a las personas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad- y a sus familias, no sólo en causas de tipo penal, sino aquéllas de índole civil, laboral, etc. El auxilio jurídico no penal produce el efecto de ordenar los asuntos de las personas y evitar escalada de conflictos, en especial los vinculados a situaciones de violencia, garantizando el acceso a justicia y a los derechos en pie de igualdad.  

De la misma manera, vemos necesario establecer mecanismos de justicia restaurativa que partan de reconocer la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que perteneces a determinados grupos (pobreza, niñez, género, aborígenes, privados de libertad, etc.) Que promueva la restauración de la paz social, cuestión sobre cuya necesidad, es elocuente la realidad que vive la provincia de Santa Fe.

En otro orden de cosas, la reforma trajo aparejada cambios que implicaron una novedad en el Sistema Judicial, como ser “la periodicidad en los cargos de las máximas autoridades”. En este sentido, se ha dado un marcado fortalecimiento institucional hasta llegar a la actual coyuntura; y no podemos dejar de mencionar que actualmente están teniendo lugar los concursos de recambio de autoridades superiores confiando en que las/os profesionales seleccionados continuarán apostando a la calidad de gestión, al fortalecimiento institucional y a brindar a la ciudadanía el mejor servicio de justicia posible.

Debemos seguir apostando al diálogo interinstitucional y a la planificación de estrategias a corto, mediano y largo plazo para garantizar el pleno y efectivo acceso a la justicia. En general, debemos continuar consolidando las estructuras que lo sostienen, y nosotros -en lo particular- a seguir posicionando a la Defensa Pública como un actor fundamental en la defensa de los Derechos Humanos.