Hoy, 10 de febrero de 2024, conmemoramos el décimo aniversario de la implementación del actual sistema de justicia penal en la provincia de Santa Fe. La entonces llamada “reforma procesal penal” implicó el acuerdo político institucional de todos los Poderes del Estado y de distintos estamentos para la modernización y mejor funcionamiento del Sistema de Justicia Penal, en un entorno de vigencia y respeto a los derechos y garantías de la ciudadanía, armonizándolo con el paradigma de los Derechos Humanos y los estándares en la materia.

Luego de años de discusiones académicas, diálogo interinstitucional y consensos, en el año 2007 se sancionó mediante ley 12.734 el Código Procesal Penal, el cual posteriormente fue acompañado, entre otras, por las leyes 13.013 y 13.014 de creación del Ministerio Público de la Acusación -MPA- y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP-, organismos autónomos y con autarquía financiera dentro del Poder Judicial, encargados de ejercer las funciones de acusar y de defender; como así también por la ley 13.018 de la organización de los Tribunales Penales.

Esta transformación implicó la adopción de un modelo de enjuiciamiento acusatorio-adversarial incorporando el sistema de audiencias públicas, así como la implementación de diversas herramientas procesales no contempladas en el modelo inquisitivo. Este nuevo sistema se caracteriza por su respeto a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediatez, simplificación y celeridad, bregando por una justicia penal ágil, transparente y abierta al escrutinio público.

La ley 13.014 estableció que la defensa penal técnica debe ser cubierta efectivamente y que el monitoreo de su ejercicio, orientado a garantizar estándares de calidad en la prestación de tal servicio, es una cuestión de interés público. Además determinó que el SPPDP debe orientarse prioritariamente a brindar cobertura de defensa penal a las personas más vulnerables de la sociedad.

En este contexto, la Defensa Pública ha desempeñado un papel crucial para coadyuvar al correcto funcionamiento del sistema penal. A lo largo de estos diez años, ha experimentado un proceso de fortalecimiento institucional, consolidándose como un servicio de calidad indiscutible para la sociedad. Una gran cantidad de causas penales cuentan con la intervención de defensoras y defensores públicos, subrayándose la importancia de garantizar el derecho de defensa de manera real, efectiva y eficaz.

Durante este proceso de implementación y consolidación, ha sido esencial el compromiso y la labor desarrollada por quienes forjaron este organismo asegurando con su labor diaria la mejor prestación del servicio, en diálogo con los tres Poderes del Estado y las instituciones relacionadas con el sistema de justicia. Desde hace más de dos décadas, las discusiones y decisiones políticas, debates y consensos han permitido que la provincia de Santa Fe cuente con el sistema de justicia penal más moderno del país.

Este sistema ha sido un salto adelante que mejoró la calidad institucional del sistema de justicia, para lo cual la presencia, el trabajo y el marcado fortalecimiento institucional de la Defensa Pública han resultado condiciones necesarias. 

En el marco de este décimo aniversario encontramos el momento propicio para realizar balances y renovar desafíos.

Por ello, destacamos la necesidad de que sea garantizada la igualdad de armas entre las funciones acusadoras y defensivas como así también la relevancia de preservar y fortalecer la autonomía e independencia del SPPDP, con el fin de asegurar el pleno ejercicio del derecho de defensa de las personas, especialmente de los grupos sociales más vulnerables y del acceso a la justicia. 

Así también, recordamos que el cabal cumplimiento del rol institucional de la Defensa Pública en el sistema penal, por su carácter de garante del efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de defensa y de acceso a justicia y por su compromiso con la promoción de la vigencia de los Derechos Humanos, contribuye a afianzar el Estado Constitucional de Derecho y a la consolidación de la democracia.