El 8 de mayo de 1987, tres jóvenes del Barrio Ingeniero Budge -Provincia de Buenos Aires- fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense. Este hecho, conocido como “Masacre de Budge”, dio lugar en el año 2013 a la sanción y promulgación de la Ley 26.811 que instituyó el 8 de Mayo como "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional" en conmemoración de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, y como parte de la promoción y adopción de políticas públicas orientadas a su eliminación.

La especial situación que nos toca atravesar, en la que precisamos de la cohesión y solidaridad social, nos invita a reflexionar sobre el rol del Estado y el funcionamiento de sus instituciones. En este contexto, las fuerzas de seguridad federales y provinciales adquieren un papel protagónico, a través de la intervención motivada en las decisiones del Poder Ejecutivo. A partir de ello, es un momento oportuno para repensar su funcionamiento y poner en práctica herramientas alternativas al accionar represivo.

Desde la Defensa Pública promovemos y garantizamos la vigencia y el cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos, manteniendo un rol activo a través de nuestro “Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones a los Derechos Humanos”, como así también de programas de asesoramiento integral a personas sometidas a encierro, los cuales se orientan a reconocer, detectar y visibilizar las distintas maneras en la que violencia institucional se  exterioriza; y a garantizar el acceso a la justicia  a través Defensa Penal  eficaz  y efectiva. Asimismo, en el año  2018, la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana  Balangione, dispuso la creación de un protocolo de Asistencia y/o Asesoramiento a Víctimas de Violencia Institucional y demás afectaciones a los Derechos Humanos para facilitar la detección prevención, cese, protección, reparación y sanción de aquellos hechos que se dan en las instituciones provinciales.  

También se han adoptado numerosas acciones y políticas atendiendo al particular contexto generado por la Pandemia ocasionada por el virus COVID – 19, con la finalidad de impedir el agravamiento de las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad, las cuales comprenden la interposición de habeas corpus colectivos en beneficio de toda la población carcelaria, inspecciones y monitoreos en espacio de encierro, presentación de más de 400 pedidos individuales para obtener medidas alternativas a la prisión efectiva, entre otras tantas.

Vale destacar la incorporación a la oferta de cursos  anuales que brinda Instituto de Capacitación de la Defensa Pública del seminario “Abordaje integral de la Violencia Institucional” que reúne a prestigiosos docentes del ámbito académico y cuya finalidad radica  en poder capacitar y actualizar a operadores judiciales, demás actores del sistema penal y sociedad en general sobre la eliminación de todo vestigio de violencia estatal,  a conocer las distintas formas de su abordaje y a tender a la construcción de una sociedad justa, equitativa y pacífica.

Desde el SPPDP adherimos de manera indeclinable a tan importante fecha, reafirmando nuestro compromiso en pos de la erradicación y sanción de la violencia institucional en  cumplimiento de la normativa nacional y los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de Derechos Humanos.