Esta jornada, que conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad de oportunidades, surgió ante un suceso transcendental  y trágico que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. En el año 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Dos años después, en 1910, se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. El tema central giró en torno al sufragio universal para todas las mujeres, y se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Luego en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Ya en 2011, se celebró el centenario de la celebración, con la premisa de Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU mujeres).

En las últimas décadas, el sistema de justicia en general y la defensa penal en particular, se han visto atravesadas por un cambio de paradigma “género sensitivo”.  Esta reforma (o revolución) estructural ha estado marcada, y protagonizada por la militancia y el activismo del movimiento feminista y de las mujeres, y por el proceso de constitucionalización del derecho. Sin embargo, esta transformación implica aún en la actualidad la permanente deconstrucción del modelo patriarcal que ha dado forma y origen a un sistema penal altamente masculinizado.  

Desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP- trabajamos por una plena implementación del Sistema de Protección Integral de las Mujeres y personas LGBTTI+, lo cual implica la defensa de los Derechos Humanos frente a la violencia institucional. La victimización secundaria de las mujeres como víctimas o imputadas por el sistema de justicia penal tiene efectos sobre su acceso a la justicia.

En este contexto desde el SPPDP tenemos el compromiso de seguir recorriendo aquel camino que comenzó Carmen Argibay: el de la transversalización de la perspectiva de género dentro de las distintas áreas del Poder Judicial, tanto en lo que refiere a su composición, como a su mapa y a su mirada. Debemos ser conscientes del techo de cristal que impide la carrera judicial de las mujeres, y de la histórica masculinización del Poder Judicial. Al respecto, bregamos por la aprobación y efectiva implementación de los proyectos de paridad en el ámbito del Poder Judicial, porque la incorporación de más mujeres en los espacios de decisión ha generado un fortalecimiento de las políticas y prácticas con perspectiva de género, lo que constituye un capítulo central en la agenda de los Derechos Humanos y de la igualdad.

Es importante señalar que esta Defensa Pública fue pionera en el ámbito judicial en el desarrollo del curso de capacitación "Defensa Pública con perspectiva de género” el cual fue organizado por el Instituto de Capacitación de la Defensa Pública y reconocido por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.  Esta iniciativa estuvo enmarcada en la “Ley Micaela” que establece la obligatoriedad de capacitación en perspectiva de género y violencias para todos los agentes del Estado en sus distintos niveles y poderes.

Por ello, queremos reinvindicar especialmente la labor de las mujeres que se desempeñan en al ámbito del SPPDP, y que  han trabajado incansablemente por la efectiva vigencia de  los Derechos Humanos. Tenemos la convicción de que con la participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida se promueve el desarrollo sostenible y la efectiva vigencia de los Derechos Humanos.