En el año 2015, surge en respuesta  a la violencia femicida y a la falta de acción estatal, el movimiento "Ni una menos", caracterizado por ser un ámbito plural y horizontal en el que participan múltiples organizaciones de mujeres, feministas y de diversidad sexual. Este espacio en los últimos años se ha consolidado a nivel provincial, nacional, regional e incluso internacional, por lo que se sostiene que estamos atravesando una cuarta ola feminista.

En un contexto de aparente avance social y normativo, hay formas de violencias contra las mujeres y personas LGBTTIQ+ que emergen o se recrudecen, las violencias institucionales que atraviesa a las mujeres privadas de libertad son algunas de ellas. Algunas de las posibles respuestas para entender esta narrativa la podemos encontrar en el hecho de que el principal autor de estas formas de violencias es el propio Estado, y en el hecho de que esta problemática no resulta funcional al poder punitivo. Difícilmente pueda emprenderse un abordaje efectivo de este tipo de violencias en el sur global, sin poner en debate y en consideración a la cárcel como forma de castigo hegemónica.

El hecho de dar visibilidad, y hacer decibles las violencias, sufrimientos y dolores que atraviesan las mujeres privadas de libertad en las cárceles de América Latina, constituye un pequeño -pero necesario y significativo- aporte para la consolidación de una agenda regional de derechos humanos.  

Actualmente en la Provincia de Santa Fe son 285 las personas que se encuentran privadas de libertad en las unidades penitenciarias de mujeres, y además hay 12 niñas/os prisionalizadas junto a sus madres. Cabe destacar que en ambas unidades hay una situación de superpoblación carcelaria. Según los datos obtenidos por el Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos del Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP-, han sido 357 las víctimas de  violencia institucional en las cárceles de mujeres en el período comprendido entre los años 2015 y 2021. Estos a su vez han significado 599 tipos de tortura o malos tratos.

El análisis de la violencia institucional que atraviesan las personas privadas de libertad nos permite visualizar la brecha manifiesta entre el ser y el deber ser en el ámbito de los Derechos  Humanos.  Los problemas estructurales que atravesaban a la cárcel se han visto amplificados por la pandemia, profundizándose así el modelo de la prisión depósito o incapacitante. Desde el SPPDP velamos porque el Estado actúe con la debida diligencia para la prevención, el abordaje y la sanción de estas formas de violencias, y trabajamos día a día en el abordaje integral de esta problemática.

Con el objeto de contribuir a esta agenda, por iniciativa de la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione se conformó la Mesa Intersectorial de  Mujeres en espacios de poder, “Igualdad de Género hoy para la sostenibilidad de mañana”. Además en el ámbito del Instituto de Capacitación de la Defensa nos encontramos dictando la segunda edición del curso “Defensa Penal Pública con perspectiva de género”, en el marco de la Ley Micaela.