Desde el año 2015, cada 3 de junio, millones de personas se movilizan en Argentina ante la consigna de “Ni una Menos” para denunciar la violencia patriarcal y la responsabilidad del Estado en la prevención de los feminicidios. Vale recordar que el primer comunicado de esta masiva movilización social tenía como uno de los principales interlocutores a los Poderes Judiciales al exigírseles “Garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia”.

En las últimas décadas, el sistema de justicia en general y la defensa penal en particular, se han visto atravesadas por un cambio de paradigma “género sensitivo”. Este giro estuvo dado por una serie de reformas normativas que integran el Sistema convencional de Protección Integral de las mujeres y de las personas LGBTTI+ ,  entre las que cabe mencionar especialmente a la Ley Micaela. La obligatoriedad de capacitación en perspectiva de género y violencias de todo el personal del Estado ha significado una de las principales transformaciones del siglo XXI que conlleva el reconocimiento de las desigualdades sociales estructurales basadas en el género y la adopción de un enfoque de diversidad sexual. . Consideramos que en el tránsito de este camino de despatriarcalización de la justicia, el SPPDP tiene ante sí una oportunidad estratégica e histórica para ser protagonista de este nuevo modelo género-sensitivo en el ámbito del sistema de justicia penal. En una realidad donde predominan los enfoques punitivos y carcelarios respecto del abordaje de las violencias por motivos de género, como operadores/as de la justicia tenemos el deber ético y constitucional de trabajar en pos de construir mejores respuestas.

Cabe destacar, entre las distintas políticas y acciones de nuestro organismo, la realización de cursos obligatorios sobre “Defensa Pública con perspectiva de género” destinados a defensoras y defensores y a todas/os los integrantes; los cuales fueron reconocidos y homologados por la autoridad de aplicación provincial (la Secretaría de Estado de Igualdad y Género a la que recientemente se le otorgó rango ministerial y cuya creación celebramos).

En lo que refiere a mujeres y personas LGBTTI+ criminalizadas y privadas de libertad su situación es crítica y constituye una deuda aún pendiente en el marco de la prolífica agenda por los derechos humanos. En este sentido, desde múltiples espacios militantes se sostiene que “sin las presas, no hay ni una menos”.

Las mujeres privadas de libertad se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad dado que el contexto carcelario amplifica y potencia las opresiones y violencias existentes en la sociedad. Además, puede afirmarse que la pandemia ha potenciado las desigualdades preexistentes, considerándose especialmente los factores de clase y de género; y afectándose particularmente las trayectorias socio educativas y laborales de las mujeres en contextos de encierro. En este sentido, las decisiones penitenciarias que se adoptaron en el marco de la pandemia afectaron el derecho a la educación, al trabajo, al contacto familiar y a la salud de las personas privadas de libertad.

Desde el SPPDP, tenemos la convicción que desde una perspectiva de derechos humanos es necesario avanzar en nuevas intervenciones, estrategias e ingenierías institucionales que propicien un abordaje preventivo, integral, transdisciplinar e intersectorial de las violencias por motivos de género, especialmente en lo que refiere a  las distintas manifestaciones de la criminalización discriminatoria de mujeres y personas LGBTTI+.