El 21 de diciembre de 2010, ante la creciente cantidad de denuncias en diversas regiones del mundo de desapariciones forzadas o involuntarias, como arrestos, detenciones y secuestros, así como denuncias por actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones, o familiares de personas desaparecidas, la Asamblea General de Naciones Unidas expresó su preocupación y declaró el 30 de agosto como “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”.

Esta declaración tuvo como objetivo prevenir, concientizar y sensibilizar sobre este tipo de prácticas estatales y para-estatales, que vulneran la vigencia plena de los Derechos Humanos.

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, del 18 de diciembre de 1992, se producen desapariciones forzadas siempre que: «se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»

La desaparición forzada se considera como un delito de lesa humanidad. Se usa como una estrategia para difundir el terror en los ciudadanos, generando una sensación de inseguridad no solo en el círculo cercano de la víctima, sino a toda la comunidad y al conjunto de la sociedad. En la actualidad, se ha convertido en un problema mundial, no limitándose a las dictaduras militares, sino que se perpetra en el marco de otras situaciones complejas de conflicto interno, como método de represión política.

El Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a todos los Estados Miembros a asumir la responsabilidad no sólo de prevenir estos crímenes mediante estándares y políticas públicas, de investigar de manera eficaz, exhaustiva e imparcial en aras de evitar la impunidad, sino así también a respetar el derecho de las familias de los desaparecidos y de toda la sociedad a conocer la verdad sobre estos hechos.

Desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal recordamos a las víctimas de desapariciones forzadas, reafirmamos nuestra solidaridad y apoyo a ellas, a sus familiares y a todas aquellas personas que llevan adelante la incansable lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.