En el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró  Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con el objetivo de prevenir, concientizar y sensibilizar sobre este tipo de prácticas estatales y para-estatales que vulneran la vigencia plena de los Derechos Humanos.

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU entiende este concepto como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”.

La desaparición forzada se diferencia de otros delitos ejercidos contra la libertad, dado que implica la ocultación de las víctimas –y de toda evidencia-, con la participación del Estado, ya sea de manera directa o indirecta. A menudo es utilizado como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, convirtiéndose en un problema que se extiende por todo el mundo. Es considerado un delito de lesa humanidad.

Los Estados tienen la obligación de desarrollar estándares y políticas públicas a los efectos de investigar estos crímenes de manera eficaz, exhaustiva e imparcial en aras de evitar contexto de impunidad. Al mismo tiempo, debe impedir que se vean afectados los familiares de las personas desaparecidas, consideradas también víctimas del delito, tal como lo establecen los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal recordamos a las víctimas de desapariciones forzadas, reafirmamos nuestra solidaridad y apoyo a ellas, a sus familiares y a todas aquellas personas que llevan adelante la incansable lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.