En el año 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 47/3 declaró cada 3 de diciembre como el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”. El objetivo de esta fecha es promover los derechos y el bienestar de las personas con capacidades diferentes y su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe -SPPDP-, creó a través de la resolución 47/18 el “Programa de asesoramiento integral y acompañamiento de las personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad en la Provincia de Santa Fe”, que en su marco abordó especialmente distintas situaciones y padecimientos relacionados a las personas con discapacidad. De este modo, se promueve el ejercicio de la defensa pública de una manera atenta, activa y efectiva; y la posibilidad de visibilizar, concientizar y resguardar sobre los derechos de este colectivo.

Con el accionar de la referida área, se detectaron en los distintos espacios de encierro del territorio provincial, variables que complejizan la situación de vulnerabilidad por discapacidad, como son la multidificultad, la extranjería y la ancianidad. Como ejemplo de ello, se determinó que un muy bajo número de personas privadas de su libertad que padecen algún tipo de discapacidad poseen el Certificado Único de Discapacidad -CUD-, lo que exacerba la dificultad para la protección jurídica y la realización de trámites.

En esta linea, es necesario visibilizar y advertir las distintas situaciones de vulnerabilidad y violencia que atraviesan las personas con discapacidad. Es preciso que los diferentes Poderes y niveles del Estado puedan generar políticas públicas inclusivas y coordinadas, tendientes a la reducción de las desigualdades sociales y al fortalecimiento de la cohesión social. Por su parte, el SPPDP, cuenta con programas y normativas propias que, con apego a las 100 Reglas de Brasilia y a todo el cuerpo jurídico internacional (vgr: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás Tratados de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional) armonizan la asistencia penal con otros tipos de asistencias que las personas con discapacidades puedan precisar.

De esta forma, la política social deviene un componente necesario – no suficiente – y estructurante para garantizar el efectivo acceso a justicia, por lo que deben promoverse las condiciones necesarias para el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad; como así también, la tutela judicial efectiva en el caso de que ello no suceda.